Coepa tiene prisa por poner orden en sus cuentas para poder pasar página definitivamente. Tras haber logrado que la autonómica Cierval le perdonara el 95% de su deuda ordinaria con la aprobación del convenio que le permitió salir del concurso de acreedores, ahora la patronal alicantina quiere que el Instituto Valenciano de Finanzas asuma cuanto antes la titularidad de su centro de oficios y dé por zanjada la hipoteca de más de tres millones de euros que le concedió para la construcción de este polémico proyecto, que casi supone su condena.

A tal efecto, la organización presidida por Francisco Gómez ha remitido al banco de la Generalitat un escrito en el que se realiza «expreso ofrecimiento de pago de las cantidades adeudadas, mediante cesión de la titularidad de la construcción hipotecada que garantizaba el préstamo» y pide que se realicen «de manera inmediata todas las actuaciones tendentes a este fin».

Al fin y al cabo, recuerdan desde la patronal, lo que reclaman no es más que el cumplimiento de lo que establece el plan de viabilidad de Coepa aprobado por el juzgado, que ya determinó el pago de esta deuda «con los activos que la garantizan».

En cualquier caso, lo que quieren en Coepa es que el IVF mueva ficha cuanto antes para olvidarse ya de esta deuda pero, sobre todo, para ahorrarse los costes de mantenimiento de las instalaciones del centro de oficios -desde suministros básicos, como la luz y el agua, hasta seguros e impuestos- que suponen una pesada carga para una organización que, en estos momentos, solo tiene como ingresos ciertos las cuotas que pagan sus abonados. Por eso, la patronal considera que cada día que el banco público retrasa el traspaso de la titularidad del inmueble supone un perjuicio para la organización y no entiende que casi un mes y medio después de la sentencia del juzgado que aprobó el plan de viabilidad aún no hayan tenido noticias del mismo.

Desde el Instituto Valenciano de Finanzas reconocieron ayer que han recibido el ofrecimiento de pago de Coepa pero señalan que aún están valorando el destino que darán al inmueble, una vez que se hagan con él. Al respecto, recuerdan que el edificio debe destinarse a formación -fue una de las condiciones para la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de Alicante- y que el IVF no ejerce esta actividad, por lo que ha iniciado contactos con el Servicio Valenciano de Empleo (Servef) para que pueda darle contenido. De ahí la demora, aseguran fuente oficiales de este organismo, que lo cierto es que nunca ha tenido interés en quedarse la construcción, como atestiguó el recurso que presentó contra el convenio de Coepa y que el juez rechazó.

Por su parte, desde la patronal insisten en que la valoración del edificio, de 4,2 millones de euros, supera con mucho a la deuda pendiente con el IVF, que asciende a 3,2 millones. Además, también recalcan las «importantes carencias» que, a su juicio, existen ahora mismo en la formación relacionada con la prevención de riesgos laborales o con determinados oficios, que se podrían solventar con la formación que se impartiese en este edificio.