Un lustro después de que el sistema financiero de la Comunidad Valenciana saltara por los aires, parece que 2017 va a ser el año en que se cierre una mayoría de las causas judiciales abiertas tras el hundimiento del Banco de Valencia, Bancaja y la CAM. Al menos, la instrucción de las mismas. El año ha comenzado con malos augurios para las personas que gestionaron las cajas de ahorros y bancos que acabaron intervenidos por el Estado o absorbidos por otras entidades, con un coste para el contribuyente de más de 60.000 millones.
Primero fue el expresidente de la Generalitat, de Bancaja y del Banco de Valencia y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, quien acaba de ser condenado a un año y medio de cárcel, junto al empresario Vicente Cotino, por falsificar una factura para encubrir una comisión de 500.000 euros. Esta semana, la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión, para cumplir una pena de dos años, de cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por adjudicarse indemnizaciones de 18,9 millones en 2010, poco antes de que fue rescatada con 9.000 millones de dinero público.
Las causas sobre las tres extintas entidades financieras valencianas siguen una evolución dispar.
Bankia / Bancaja
La mayor de ellas, sin duda, es la de Bankia, fruto de la fusión de Bancaja y Caja Madrid, que fue intervenida en mayo de 2012 y a la que fue necesario inyectar 22.000 millones para evitar su quiebra. La causa la instruye el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, que dirige Fernando Andreu e investiga los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. La sustancia de esta causa se encuentra en la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, por la que captó 3.092 millones. Lo hizo avalada por unas cuentas que mostraban unos beneficios de 300 millones. Sin embargo, diez meses después, el nuevo consejo de administración reformuló sus números y desveló unas pérdidas de 3.000 millones.
Entremedias, los miles de inversores que habían comprado acciones perdieron la mayor parte de la inversión. Esta es la madre del cordero del caso y no pinta nada bien para sus exgestores, en especial desde que en enero del año pasado el Supremo anulara la compra de acciones de Bankia al considerar que hubo engaño porque sus cuentas estaban maquilladas, lo que obligó a la entidad a devolver todo el dinero invertido por los minoritarios. En esta causa, además del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y de Olivas, están investigados varios exconsejeros valencianos, como Ángel Villanueva, Remigio Pellicer, José Rafael García Fuster, Rafael Ferrando, Antonio Tirado, Francisco Pons, José Manuel Serra, Araceli Mora y el alcoyano Francisco Verdú. El juez Andreu fijó en febrero de 2015 una fianza de 800 millones, que en noviembre de ese año rebajó a 38,2, para Rato, Olivas, Verdú y José Manuel Fernández Norniella. La instrucción podría terminar este año.
Aunque solo apareció un valenciano implicado -Juan Iranzo- en los próximos meses se tiene que conocer la sentencia por el juicio en la Audiencia Nacional por las tarjetas black de Caja Madrid, desarrollado en el último trimestre del año pasado. Este escándalo salpicó a decenas de exconsejeros de esa entidad y de Bankia que dispusieron de tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales sin declarar a Hacienda por importe de 15,5 millones de euros.
Paralelamente, el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, instruye otra causa en la que están investigados cinco exdirectivos de Bancaja y el Banco de Valencia y los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, por el proyecto hotelero Grand Coral. Estos dos salieron de la cárcel tras abonar una fianza de seis millones. Olivas quedó en libertad provisional, al igual que el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, el exdirector general adjunto de Bancaja, José Cortina, y el exdirector de internacional de la misma entidad, Julián Dolz. El exdirector general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, pasó una noche en prisión hasta que pudo pagar una fianza de 500.000 euros. El juez atribuye a los siete diversos delitos por los créditos supuestamente fraudulentos de 500 millones que las dos entidades financieras valencianas otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México.
Banco de Valencia
La instrucción de la macrocausa por la caída del Banco de Valencia podría llegar a su fin este año. Para marzo se espera que empiecen las declaraciones de las decenas de imputados, muchos de ellos relevantes personas de la burguesía valenciana -Agnés Noguera, María Irene Girona, Celestino Aznar, Silvestre Segarra, José Luis Quesada, Federico Michavila o Mª Dolores Boluda- que formaron parte de su consejo de administración.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue la instrucción de trece causas, una de ellas tras la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval y las otras, por el fondo público FROB tras intervenir el banco, con un coste para los contribuyentes de unos 10.000 millones al final del proceso. La primera, que fue la inicial, está dirigida contra todo el exconsejo y varios exdirectivos -singularmente Olivas y el exconsejero delegado, Domingo Parra- por los supuestos delitos de falsedad contable y administración desleal, como consecuencia de las cuales miles de pequeños inversores perdieron su dinero.
Varias de las operaciones irregulares denunciadas por Apabankval figuran también en las querellas del FROB y afectan a empresarios tan conocidos como Eugenio Calabuig (Aguas de Valencia), Salvador Vila, Juan Bautista Soler o Francisco y Dimas de Andrés. Dos de las querellas fueron archivadas por Pedraz, incluida una que también afectaba al empresario mallorquín Bartolomé Cursach. En buena parte de todas las causas se investiga si Parra, en connivencia con los empresarios, se benefició de operaciones crediticias que perjudicaron al banco.
CAM
Las causas de la CAM son las que están más avanzadas, en especial porque la principal, en la que se sustancia el hundimiento de la entidad alicantina -intervenida en julio de 2011 con un coste de más de 11.000 millones-, tiene ya señalada fecha para el juicio. Comenzará el 29 de mayo y en el banquillo se sentarán el último presidente de la entidad, Modesto Crespo; los subdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectores, Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ordónez.
Están acusados de delito societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad de documento mercantil.
También está a punto de juicio la causa contra Crespo y una veintena de exconsejeros, incluido López Abad, por las dietas de 640.000 euros que cobró en solo dos años el último presidente de la caja alicantina. El pasado diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de préstamos. En fase de instrucción se encuentran otras cuatro causas: la relacionada con las cuotas participativas emitidas por la CAM que causaron un gran quebranto a sus tenedores, el caso Valfensal sobre los negocios de los empresarios Ferri y Baldó en el Caribe con financiación de la caja alicantina y las dos piezas separadas sobre Hansa y TPI, dos filiales de la entidad, en las que se investiga la financiación de suelo «muy por encima» del precio de adquisición originario.
