Aunque muchos ya lo intuían, el Tribunal de Cuentas certificó ayer que el rescate de la CAM fue uno de los más costosos de todo el sistema financiero español. Según el informe que ha realizado el órgano fiscalizador sobre la actuación del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos durante todo este proceso, la extinta caja alicantina absorberá 11.065 millones de recursos públicos hasta su completo saneamiento, el 18% de los 60.718 millones en que cifra el coste total de la reestructuración del sistema bancario español. Es decir, casi uno de cada cinco euros invertidos.
Sólo otras dos entidades -Catalunya Caixa, con 12.676 millones; y Bankia, con 12.347- resultarán más caras, de acuerdo con este estudio, en el que ya se ha tenido en cuenta la cantidad de dinero que el Estado ha recuperado o será capaz de recuperar del total de ayudas puestas a disposición de las entidades. Y es que, frente a los citados 60.718 millones en que se calcula el coste del rescate bancario, el volumen total de fondos que se llegaron a movilizar para evitar el hundimiento del sistema fue muy superior, de hasta 122.122 millones de euros. Una cifra que incluye, además de las inyecciones de capital que recibieron todas las entidades, el coste máximo posible de los esquemas de protección concedidos a varias de ellas o las líneas de crédito que se facilitaron a la mayoría para evitar que se quedaran sin liquidez y que ya han sido canceladas en su mayor parte.
Con este criterio, el de los recursos movilizados, fue la CAM la que más dinero tuvo a su disposición, ya que si se suma el coste máximo cubierto por el Esquema de Protección de Activos (EPA), los créditos que recibió, las desgravaciones fiscales y las inyecciones de capital se alcanzaron los 26.302 millones de euros, por encima incluso de los 22.426 de Bankia que forzaron la petición de ayudas a Bruselas en 2012.
El hecho de que la factura final vaya a ser de «sólo» 11.065 millones se debe a que el Fondo de Garantía de Depósitos calcula que finalmente sólo deberá pagar unos 5.852 millones por el EPA -que cubre las pérdidas ocasionadas por las fallidas inversiones de la CAM en el ladrillo-, lo que sumado a los 5.249 millones de inyección inicial que recibió la entidad antes de su adjudicación al Sabadell suman la citada cifra. Aún así, las pérdidas totales de la antigua caja serán muy superiores -rondarán los 17.000 millones- ya que a los fondos públicos movilizados hay que sumar los cerca de 3.800 millones que se cubrieron con las propias reservas que tenía provisionadas la CAM antes de su intervención, y también el 20% de las pérdidas que debe asumir el Sabadell.
En el caso de Bankia, la rebaja de la factura final que estima el Tribunal de Cuentas se debe a que el órganismo público ha descontado de la cifra inicial el dinero ya recuperado con la venta de acciones y el valor en libros de la participación que posee el FROB.
Críticas
En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la actuación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado «insuficiencias o deficiencias». Por ejemplo, a la hora de adjudicar los contratos para realizar los informes de «due dilligence» con los que pretendía saber el verdadero estado de las entidades intervenidas. También censura que se contratara una línea de crédito por importe de 3.000 millones de euros que nunca llegó a utilizarse pero por la que tuvo que pagar 33 millones en intereses. Pero, sobre todo, el Tribunal censura que el FROB -excepto en dos casos- no aprobó un procedimiento que estableciera las reglas básicas a aplicar en cada una de las ventas de entidades de crédito. De hecho, el fondo ni siquiera determinó los criterios «financieros, fiscales y de oportunidad» que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso.
