La decisión del Gobierno de elevar los pagos a cuenta que deben realizar las grandes empresas por el Impuesto de Sociedades -una medida que el Ejecutivo aprobó en septiembre con el objetivo de cuadrar el déficit- ha obligado a las firmas alicantinas a rascarse el bolsillo de forma considerable, hasta el punto de que algunas de ellas incluso se han visto forzadas a tirar de crédito para poder cumplir con sus nuevas obligaciones fiscales. Y no es para menos si se tiene en cuenta que hasta noviembre las compañías de la provincia tuvieron que desembolsar por este gravamen casi 30 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado, debido a los citados cambios normativos.
En concreto, en los primeros onces meses de 2016 la recaudación total en Alicante por el Impuesto de Sociedades -que grava los beneficios de las empresas- ascendió a 370,5 millones de euros frente a los 340,6 millones del ejercicio anterior. O, lo que es lo mismo, un incremento del 8,8%, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria.
El problema es que este crecimiento se produce exclusivamente tras la la citada subida de las retenciones aprobada en septiembre -es decir, con las recaudaciones de octubre, cuando se abona el pago fraccionado de este tributo, y de noviembre-, ya que hasta esa fecha los ingresos de Hacienda por este concepto habían caído un 3,7% en la provincia.
Fue precisamente este descenso, que a nivel nacional rondaba el 30%, y la necesidad de obtener ingresos adicionales para cumplir con el objetivo de déficit fijado por Bruselas lo que llevó al equipo de Cristóbal Montoro a recuperar una práctica -la de imponer a las compañías un pago mínimo a cuenta del Impuesto de Sociedades- que entre 2012 y 2015 ya le había dado buenos resultados. Entonces se decidió exigir a todas las empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros que adelantaran un mínimo del 12% de su resultado contable de forma fraccionada a lo largo del ejercicio.
La medida dejó de tener vigencia en 2016, lo que había provocado que la recaudación por este impuesto empezara a caer, por lo que Hacienda decidió reeditarla y con mayor dureza. Así, las empresas que ahora están obligadas adelantar estos pagos son las que facturan más de 10 millones -alrededor de 400 en Alicante- y el mínimo que deben abonar es del 23% con carácter general, y del 25% para las entidades financieras y las firmas del sector petrolero.
«Para muchas empresas ha sido un golpe importante porque era un gasto con el que no contaban y han tenido que sacar el dinero de donde han podido», se lamenta el presidente de la patronal alicantina (Coepa), Francisco Gómez, que recuerda que la tesorería de las firmas de la zona «no suele ser boyante para afrontar imprevistos». Así, según afirma, muchos negocios se han visto obligados a tirar de sus pólizas de crédito para pagar, con lo que, en realidad, «están financiando al Estado a coste cero -se trata de un dinero que las empresas adelantan a Hacienda- mientras ellos se ven forzados a pagar intereses a los bancos para poder cumplir».
En otras ocasiones, ha supuesto «paralizar nuevas inversiones que estaban previstas y que hubieran generado nuevos puestos de trabajo», asegura el portavoz de los empresarios alicantinos. Igualmente, Gómez también censura que el criterio escogido haya sido exclusivamente la facturación ya que, como recuerda, «los márgenes de beneficios son muy distintos según el sector de actividad».
Los continuos cambios en este impuesto, que volvió a ser reformado el pasado diciembre, han llevado a la CEOE a estudiar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional ya que considera que se está generando inseguridad jurídica a las empresas.
Recaudación total
Por otra parte, en total la recaudación de la Agencia Tributaria en la provincia de Alicante ascendió a 2.610 millones de euros en los once primeros meses de 2016, lo que supone un 7,1% más que en el ejercicio anterior. Además del Impuesto de Sociedades, también aumentaron los ingresos por IVA y por el IRPF.
