La ausencia de inflación, que durante los últimos años ha permitido que pensionistas y asalariados apenas notaran las consecuencias de la congelación de sus ingresos, llega a su fin. El aumento continuado durante los últimos meses del precio del petróleo y, por ende, de los carburantes ha provocado que el IPC cerrara el año con una subida del 1,5%, lo que significa que unos y otros verán reducido su poder adquisitivo ya que, tanto las prestaciones, como los salarios pactados en convenio han crecido por debajo de esa cifra.

En el caso de los pensionistas, unos 326.000 en Alicante, se trata de la primera pérdida de poder adquisitivo que sufren desde el año 2012, cuando se aprobó una subida de las pagas del 1% y la inflación finalizó el año en el 2,9%. Desde entonces la contención de los precios e, incluso, su caída habían preservado la capacidad de compra del colectivo. Hasta este año, cuando las pensiones se revalorizaron en enero el mínimo del 0,25% que marca la reforma aprobada por el Gobierno del PP y la inflación ha acabado el ejercicio en el 1,5o%, lo que significa que perderán un 1,25% (aunque el Ejecutivo señaló ayer que la inflación media a lo largo del año había sido del -0,2%, por lo que negaba que se hubiera producido dicha merma).

Además, hay que tener en cuenta que, muy probablemente, a lo largo del 2017 volverá a repetirse la misma situación, ya que el Ejecutivo aprobó ayer de nuevo un incremento de las prestaciones del mínimo que marca la ley -el citado 0,25%- cuando las previsiones apuntan a una inflación en el entorno del 2%.

Hasta que José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a congelarlas en el año 2011, las pensiones tenían garantizada una revalorización mínima equivalente al IPC y si éste superaba las previsiones del Gobierno, se abonaba una paga compensatoria. Sin embargo, con la reforma del PP se desligó su evolución de este indicador y se creó uno nuevo -el factor de sostenibilidad de las pensiones- que tiene en cuenta la situación económica, los ingresos público y otra serie de cuestiones para decidir la subida anual.

También los funcionarios

Pero el aumento de la inflación también supone un revés para los trabajadores públicos y privados. En el primer caso, los funcionarios vieron aumentados sus salarios a principios de año en un 1%, lo que significa que han perdido un 0,5% de poder adquisitivo que, en su caso, se suma a los recortes que se aplicaron en 2010 -tras las presiones del resto de socios de la UE para controlar el déficit- y que en los cargos mejor remunerados llegaron al 7%.

Por su parte, los asalariados del sector privado no corren mejor suerte. El aumento medio pactado en convenio en la provincia hasta el mes de noviembre fue también de un escueto 0,97%, lo que significa que también perderán alrededor de medio punto de poder de compra. Aunque claro, estos son los afortunados porque muchos trabajadores siguen con su sueldo congelado desde hace varios años, sin que su empresa tenga visos de querer renovar el convenio para actualizarlo.

Ni siquiera el pacto alcanzado entre los principales sindicatos y la patronal CEOE, que proponía una subida del 1,5% parece haber desbloqueado esta situación. Los más afortunados, si se puede decir tal cosa, serán los que se rijan por el salario mínimo interprofesional que regula directamente el Gobierno y que en 2017 subirá un 8%, hasta los 707,7 euros mensuales, si se cobran 14 pagas.

Subidas de tarifas

Mientras tanto, la subida del petróleo anticipa un encarecimiento de buena parte de los recibos básicos de las familias este enero. La primera de ellas, la de la electricidad, que ya experimenta tensiones al alza en los mercados mayoristas, lo que significará facturas más abultadas este año por mucho que el Ejecutivo haya congelado la parte regulada. Así, la luz ya subió un 4,2% en diciembre, un 2,3% noviembre, un 7,3% en octubre, o un 1,5% en septiembre. Pero también se prevén nuevos incrementos del gas o del butano.

Lo que no subirán son las tarifas de Cercanías de Renfe ni las del TRAM. Tampoco la cuota básica de Telefónica. En cambio, los sellos se encarecen un 11,1%.