Las asesorías y los notarios alicantinos han tenido en los últimos meses bastante más trabajo del habitual. La entrada en vigor, a partir del próximo 1 de enero, de las modificaciones introducidas por el Consell en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha provocado que el volumen de traspasos de inmuebles y de dinero en efectivo entre padres e hijos se haya triplicado en la provincia durante la última parte del año, con el objetivo de ahorrarse la subida de la fiscalidad que implican dichos cambios. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que la tributación de los legados de más de 100.000 euros -se trata en todos los casos de grandes patrimonios- se multiplicará por cuatro con la nueva normativa, que pretende elevar en unos 80 millones de euros los ingresos tributarios de la Generalitat.
«Muchos empresarios que tenían pensado repartir en vida la herencia o realizar alguna donación han decidido adelantarlo para esquivar la mordida», asegura la directora de la consultora ilicitana Gesem, Laura Vicente, quien señala que el incremento de actividad empezó a notarse antes del verano, cuando el Ejecutivo valenciano dejó entrever sus intenciones con este impuesto.
Así, sobre todo se han donado muchos inmuebles, en su mayoría segundas residencias. Chalets y apartamentos que los hijos ya utilizaban de facto como si fueran suyas pero en las que no se había formalizado el cambio de titularidad, según explica Vicente. No obstante, también ha habido donaciones de importantes cantidades en efectivo «para que los hijos se puedan comprar el piso o para que desarrollen su propio negocio», explica la experta.
Los cambios
Hasta la fecha, en las donaciones de padres a hijos en la Comunidad estaban exentos de gravamen los primeros 100.000 euros -siempre que el receptor no acumulara ya un patrimonio propio superior a los dos millones de euros- y, además, al resto del dinero por encima de esa cantidad se le aplicaba también una bonificación del 75% sobre los tipos generales de este impuesto. Sin embargo, a partir de enero esta última bonificación desaparece por completo, lo que supone en la práctica multiplicar por cuatro las cantidades a pagar. Por ejemplo, en la donación de un piso valorado en unos 300.000 euros, en estos momentos el hijo pagaría unos 8.000 euros al fisco por asumir la titularidad del inmueble, mientras que a partir de la semana que viene la factura ascenderá a unos 32.000 euros, según los cálculos del responsable del área de Fiscal de Gesem, Manuel Gabaldón.
Pero, además, el Consell también ha endurecido las condiciones para la exención de los primeros 100.000 euros, que ahora sólo se podrán aplicar aquellos que no acumulen ya un patrimonio de más de 600.000 euros. «Algo que en estos niveles no es tan extraño, si tenemos en cuenta que los hijos pueden tener perfectamente 50 años y ser directivos de la empresa familiar», señala Laura Vicente. La experta recuerda que estas donaciones también son una buena forma de rebajar la factura del Impuesto de Patrimonio, ya que permiten reducir la base imponible de quien dona los bienes, según explica.
Cambios de autonomía
Lo que descarta la asesora es una fuga masiva de grandes patrimonios desde la Comunidad Valenciana hacia otras autonomías a raíz de esta subida impositiva y recuerda que la mayoría de las regiones incluye medidas para evitar estos cambios de domicilio por cuestiones meramente fiscales. Por ejemplo, exigiendo un tiempo mínimo de residencia en la autonomía -que en el caso de la Comunidad Valenciana es de cinco años- para aplicarse las bonificaciones y deducciones por parentesco en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En cualquier caso, autonomías como Madrid sí tratan de aprovechar su baja fiscalidad para atraer nuevos residentes de alto poder adquisitivo.
