La gota fría que sacudió la provincia el pasado fin de semana ha vuelto a destapar la factura que, año tras año, pasan las lluvias y los temporales marítimos en un territorio donde basta una tormenta para que se anegue gran parte del mismo. La virulencia de la cíclica gota fría provoca que muchas de las zonas densamente pobladas vivan permanentemente amenazadas al haberse urbanizado ocupando ramblas y barrancos por donde, obviamente, vuelve a discurrir el agua cada vez que llueve con fuerza. El desmadre urbanístico que sufrió Alicante durante el «boom» de la construcción, entre los años 2000 y 2007, ha provocado un aumento del riesgo de inundaciones en una provincia donde la superficie susceptible de quedar anegada en caso de lluvias torrenciales ha aumentado un 145% desde 2003, en los últimos 13 años, según refleja el nuevo Plan Territorial contra las Inundaciones (Patricova). Un 12% de la población de la Comunidad Valenciana, seiscientas mil personas, viven en zonas inundables.
En total, Alicante ha pasado de contar con 42.645 hectáreas con riesgo de inundación en 2003 a las 104.461 hectáreas detectadas por los técnicos en 2015, un 10% del territorio. Unas 200.000 personas viven la provincia en zonas susceptibles de sufrir una inundación. Precisamente, Orihuela, con casi trece mil hectáreas amenazadas de quedar sumergidas en cuanto llueve torrencialmente es el municipio más afectado o no, como lo demuestran los problemas que se produjeron entre el 16 y el 19 del presente diciembre cuando cayeron 140 litros por metro cuadrado en tres días. La riada del fin de semana no fue trágica de milagro porque, incluso, sigue habiendo un centro comercial en uno de los meandros del río.
Durante los años del desarrollo desordenado del ladrillo se transformó mucho suelo para uso urbano-residencial, y en ocasiones se ocuparon espacios de riesgo como los barrancos que terminan vertiendo sus aguas al mar y donde la «gota fría» canaliza las tormentas. El tema es preocupante en los municipios costeros, donde se concentró la «burbuja» inmobiliaria.
Las áreas de mayor riesgo se concentran en el tramo bajo del Girona, en el sector de las Marinas de Dénia; el Arenal de Xábia; el saladar de Calpe, el litoral norte de El Campello y Orihuela. En Alicante también quedan «puntos negros» por solucionar como las inundaciones en la avenida de Elche, o el final del barranco de San Blas en Alicante junto a la estación del AVE. La apertura del parque inundable El Marjal en la playa de San Juan contribuye a frenar las avenidas que llegaban hasta la primera línea del mar y también se ha solucionado el tema de las inundaciones puntuales en el entorno de la urbanización del Hoyo 1. No obstante, el hecho de que la avenida de Niza se construyera por debajo del nivel del mar sigue generando problemas con embolsamientos de agua cuando llueve intensamente en un corto espacio de tiempo. Por otro lado, al problema de la falta de colectores de pluviales se une el de la, a veces, poca dimensión de los de aguas residuales, como ocurre, por ejemplo, en buena parte de Torrevieja o en la avenida de Míriam Blasco de Alicante.
Para Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional y experto en clima, «es importante que la Administración admita el problema y haya facilitado por primera vez el dato en el nuevo Patricova. Lo que hay que hacer ahora, una vez conocidos los espacios de riesgo, es actuar y poner en marcha medidas correctoras». Olcina recuerda, en este sentido, que «a partir de ahora lo que hay que lograr es que en todos los procesos de transformación urbanística se realicen mapas de riesgo tal como regula la Ley del Suelo de 2008».
La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, sostiene que el nuevo Patricova «es un plan de naturaleza preventiva que regula el uso de zonas inundables y dirige las actividades del territorio hacia zonas no afectadas por riesgo». Respecto a las posibles actuaciones estructurales de protección, el plan propone un catálogo no vinculante, que se deberá desarrollar en el marco de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundaciones de las Demarcaciones Hidrográficas. Para María José Salvador, el Patricova resulta clave porque «la Comunidad Valenciana es el territorio español con mayor riesgo de inundaciones, ya que, más del 12% de la población vive en áreas susceptibles de ser inundadas».
El documento incorpora el riesgo geomorfológico producido por pequeños barrancos de cauces efímeros que tienen una alta peligrosidad y han sido los causantes de la mayor parte de las muertes por este riesgo en España, como volvió a suceder en Finestrat el sábado 17 de diciembre.
La Comunidad Valenciana cuenta con más de 200 puntos de riesgo. Se ha mejorado de manera notable la cartografía de inundaciones de forma que aparecen todos los cauces, con lo cual se pueden resolver todas las situaciones de posibles riesgos, especialmente los barrancos con alta capacidad de generar daños a personas y bienes.
Gracias al avance de la precisión cartográfica y mejora del conocimiento del riesgo, el tiempo de resolución de los expedientes tramitados respecto a los estudios de inundabilidad se reduce a la mitad, con lo cual los agentes económicos y sociales tendrán muchos más datos fiables en cuanto fijar los plazos de sus inversiones.
El nuevo Patricova introdujo la creación de infraestructura verde en la gestión de riesgo de inundación, tal y como exige la UE, que considera que para determinados casos es mucho más eficiente como instrumento de prevención y protección frente al riesgo que soluciones basadas en la obra civil.
22 millones de metros cuadrados de la provincia de Alicante presentan riesgo alto de sufrir un inundación debido al feroz e intenso proceso urbanizador que ha padecido la provincia en los últimos 25 años, con edificaciones e infraestructuras ocupando zonas inundables.
Ayuntamientos que miran hacia otro lado, multas que no surgen efecto, e indolencia de una Administración que sólo reacciona cuando se produce la catástrofe, explican que Alicante sea una de las zonas con mayor riesgo de España, debido a la propia peculiaridad del clima mediterráneo y las tropelías urbanísticas.
Tras la trágica riada de 1997, diez años después de la que asoló Orihuela y dio lugar al insuficiente encauzamiento del río, en la ciudad de Alicante se aprobó un plan de infraestructuras que costó 102 millones de euros y que, prácticamente, ha blindado a la ciudad pero, incluso, esta urbe tampoco se salva al cien por cien de sufrir puntuales inundaciones en su casco urbano. El motivo es que el 90% de las calles Alicante y del resto de los municipios de la provincia carecen de un diseño que favorezca la evacuación de las aguas en caso de una riada, ya que su trazado es convexo -el agua discurre hacia los extremos de la calle-, lo que termina favoreciendo las periódicas inundaciones en bajos comerciales, sótanos y garajes.
Algunos puntos de Alicante como la avenida de Míriam Blasco o la salida sur por la avenida de Elche ofrecen un claro ejemplo del peligro que sigue teniendo de inundarse si se produjeran lluvias torrenciales. El Plan Antirriadas es correcto, pero no actuó sobre la trama urbana, por lo que el caudal de agua que no logre canalizarse por la red de colectores y entre en el casco urbano volverá a producir embolsamientos de agua en caso de una nueva gota fría virulenta como las que se producen a principios del otoño. Precisamente, el hecho de que el temporal del pasado fin de semana se produjera a las puertas del invierno evitó desgracias mayores. Si los 140 litros por metro cuadrado que recogió Orihuela en 72 horas hubieran caído en menos espacio de tiempo no sólo hablaríamos de desbordamiento puntual del río.
Y es que el desarrollo urbanístico practicado en la provincia, a veces desordenado, ha provocado que muchas urbanizaciones hayan invadido ramblas u obstruido torrenteras naturales, lo que dispara la amenaza.
La Generalitat aprobó un plan, el Patricova, en 2003 -renovado en 2015- para la prevención de las riadas que supuso un gran avance en la política de prevención del riesgo, pero no es menos cierto que antes de su entrada en vigor, y aún después, se habían llevado a cabo actuaciones urbanísticas sobre áreas de inundación. El riesgo se ha incrementado en los últimos años porque todavía se construyen urbanizaciones en áreas inundables.
Esto indica que, o bien las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura han continuado dando permiso y por tanto no se estima elevado el riesgo de inundación o, lo que es peor, que a veces se permite su construcción sin el informe correspondiente de la confederación pertinente. De hecho, la Generalitat aprobó en el periodo 2007-2010 un total de ocho planes urbanísticos en la provincia desoyendo los informes negativos y, por tanto, desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en los que advertía del riesgo de inundabilidad. Benimeli, Novelda, Calp, Polop de la Marina, Villena y Monforte.
Uno de los mayores problemas que persiste en la provincia es la falta de estudios rigurosos de inundabilidad en los PGOU. Los urbanistas redactores de los planes se acogen a lo que indica la cartografía de riesgo de Patricova, pero no se llevan a cabo los estudios de inundabilidad que se contemplan en los artículos 16 y 17 del plan. Todavía hay muchos ayuntamientos de la Comunidad que carecen de plan de prevención del riesgo de inundaciones con una cartografía detallada de espacios de riesgo.
Otro de los problemas radica en que la delimitación de las zonas inundables en España y, por ende, en la Comunidad Valenciana se realiza utilizando el método de los períodos de retorno -cálculo temporal en el que se podría volver a producir una precipitación intensa similar a la que ha provocado el desastre- que no resulta del todo fiable por el propio carácter irregular del clima mediterráneo. El Patricova sí obliga a los ayuntamientos que tengan zonas de su municipio bajo riesgo máximo de inundación, a modificar sus planes de ordenación urbana para clasificar dicho suelo como no urbanizable de especial protección. Además, en el suelo urbanizable que cuente con programa de actuación integrada (PAI) pero esté en una zona de riesgo deberá realizarse un estudio previo antes de su urbanización, así como adecuar sus construcciones a la normativa. Falta que se cumpla.
