«Estoy pletórica, igual que si me hubiera tocado la lotería. Sólo lo lamento por la gente que no ha podido resistir como nosotros y que ha perdido la casa por culpa de la avaricia de los bancos». Sin despegarse de los fogones del comedor escolar donde trabaja en Torrevieja, Teresa Torres no podía ocultar ayer su alegría después de que la reclamación que ella y su marido, Emilio Irles, interpusieron contra el Banco Popular se haya convertido en una de las que ha propiciado la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo. Un fallo que ha hecho tambalear a la práctica totalidad del sistema financiero español al dictaminar que deben devolver a los afectados todo lo que cobraron de más con la aplicación de estas cláusulas -que impedían que las hipotecas se beneficiaran de las bajadas de tipos- y no únicamente desde mayo de 2013, como estableció el Tribunal Supremo español.
Fueron dos las instancias que elevaron consultas a Luxemburgo sobre la incongruencia de declarar nulo y abusivo un contrato y no restablecer en su totalidad los daños causados por el mismo. Por un lado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada y, por otro, la Audiencia Provincial de Alicante que, además de la demanda de Teresa Torres y su marido, también remitió la de Ana Palacios, una trabajadora del comercio afincada en Dénia, que denunció al BBVA.
Francisco Luis García Cerrillo es el abogado ilicitano que llevó el caso del matrimonio de Torrevieja y reconoce que «da mucha satisfacción ganar a los poderosos, sobre todo por la mezquindad con la que han actuado algunas entidades», con amenazas a los afectados incluidas. Ni siquiera cuando la Audiencia remitió el expediente al Tribunal de la UE se imaginaba que acabaría el pasado mes de abril defendiendo su causa ante la Gran Sala, compuesta de 15 magistrados -«pensaba que se limitarían a estudiar la documentación», asegura-, lo que da idea de la seriedad con la que se tomaron las autoridades europeas el asunto. Ahora siente que «se ha hecho Justicia de verdad».
Una diferencia de 500 euros
El caso del matrimonio Irles-Torres es el reflejo de toda una época. El marido, de profesión electricista, tenía más trabajo del que podía abarcar en pleno «boom» del ladrillo, por lo que no tuvieron ningún problema para conseguir la hipoteca de su casa. Unos años después, en 2007, decidieron reformarla para acabar con las humedades y evitar que afectara a la salud de su hijo mayor, que padecía de asma. Fue cuando el banco aprovechó para incluir un suelo del 5%.
«Cuando llegó la crisis veíamos que a todo el mundo le bajaba la cuota pero la nuestra seguía igual, 1.200 euros cada mes, que cada vez costaban más de pagar», relata la cocinera. Llegaron a deber hasta un par de cuotas e intentaron negociar con el banco, sin ningún éxito. Llegaron a plantear a la entidad la dación en pago, que el Popular rechazó. «Nos dijeron que no querían más casas», asegura. Hasta que se cruzó en su camino García Cerrillo que, cual moderno Quijote, consiguió llevar el caso hasta Luxemburgo, con el resultado ya conocido. «Ahora pagamos 700 euros al mes», apunta la mujer. Es decir, una diferencia de 500 euros.
Tampoco Ana Palacios tenía ni idea de que al firmar su hipoteca estaba aceptando que nunca pagaría menos del 3,25% de interés, según explica su letrado, Javier Zambudio, de Unive Abogados, que fue el primero en instar a la Audiencia Provincial a que acudiera a Luxemburgo. «Todos sabemos que los bancos no son ONG y que tienen que ganar dinero con los préstamos. Pero deben dar toda la información a sus clientes», insiste Zambudio, que también critica la estrategia de las entidades de «negarse a negociar e intentar vencer por aburrimiento, con infinidad de recursos». Una táctica que en esta ocasión no les ha dado resultado aunque, eso sí, tampoco nadie espera que ahora paguen gustosos la factura a pesar de que incluso los partidos políticos ya les han instado a devolver todo el dinero de oficio.
