La Generalitat ha conseguido levantar el veto que el Gobierno central había impuesto a la voluntad del Consell de sumar a la Policía autonómica a la lucha contra la economía sumergida. La directora general de Trabajo, Cristina Moreno, arrancó ayer el compromiso al director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, para firmar un convenio entre ambas administraciones y añadir una adenda que regule las competencias en materia de inspección de la Policía autonómica.
El Consell de Ximo Puig venía pidiendo que los agentes a su cargo puedan realizar visitas para aumentar la detección de economía sumergida, aunque asumiendo que no pueden tener competencia para calificar delitos y fijar sanciones.
Hasta ahora, los agentes sólo pueden ir de la mano de los inspectores y ni siquiera pueden levantar acta administrativa. Y el número de inspectores no da como para extender las redes en todos los focos de economía irregular en la autonomía. El cuerpo de inspectores del Estado, que dependen funcionalmente de la Generalitat, está formado por 154 personas: 27 jefes de área, 43 inspectores y 84 subinspectores para controlar la situación y las condiciones laborales de casi dos millones de trabajadores. Con el futuro marco legal, la Conselleria de Economía podrá sumar a los 500 agentes de la Policía autonómico a las labores de rastreo de polígonos, campo y talleres en busca de economía sumergida.
El veto gubernamental que la directora general de Trabajo consiguió levantar ayer pone fin a muchos meses de bloqueo que, bajo el pretexto de la interinidad en el Gobierno, se había mantenido desde Madrid.
