Entre 140.000 y 160.000 alicantinos, según las distintas fuentes consultadas, podrán beneficiarse de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ayer determinó que las entidades financieras están obligadas a devolver a todo el dinero cobrado de más con las denominadas cláusulas suelo, que impiden que los hipotecados se beneficien de las rebajas de los tipos de interés a partir de determinada cifra. De esta forma, la Justicia europea rectifica al Tribunal Supremo, que había establecido que los bancos sólo debían devolver el dinero de las cláusulas suelo consideradas abusivas desde mayo de 2013, fecha en la que emitió su primera resolución sobre el tema, anulando las de BBVA, Cajamar y Novagalicia (ahora Abanca). Una limitación que muchos juzgados no acabaron de comprender.
Precisamente por discrepar con esta sentencia del Tribunal Supremo, la Audiencia de Alicante tiene paralizados un total de 112 procedimientos por clausulas suelo, a la espera de lo que decidiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es que fue la Sección Octava de la Audiencia de Alicante, junto a un juzgado de lo Mercantil de Granada, los que forzaron la intervención del tribunal comunitario al plantear una consulta sobre el tema. «Si la cláusula es nula, lo es, sin ningún tipo de limitación en el tiempo», señalaron fuentes del tribunal alicantino. La sala optó por paralizar todas las causas que tenía sobre esta materia hasta que se pronunciaran desde Luxemburgo.
Aunque la cifra de causas paralizadas apenas supera el centenar, el total de afectados en la provincia es muy superior y las estimaciones van desde los 138.000 que calcula el portal especializado Reclamador.es hasta los más de 160.000 que estiman desde la asociación Adicae, que en abril de este año también logró que un juzgado Mercantil de Madrid declarara abusivas las cláusulas de más de 40 entidades. Unos números que incluyen a aquellos que todavía sufren en su cuota mensual los efectos de esta práctica pero, sobre todo, a las decenas de miles a los que su entidad aceptó dejar de aplicar el suelo -tras la sentencia del Supremo casi toda la banca lo fue retirando paulatinamente- pero que no recibieron ni un euro del dinero que habían pagado de más. Aún así, lo cierto es que Alicante no es una de las zonas con más afectados ya que ni la CAM ni Bancaja aplicaron nunca este tipo de limitaciones.
Protección incompleta
En su día, el Supremo justificó su decisión de limitar en el tiempo los efectos de su sentencia al considerar que una devolución completa podía afectar a la estabilidad del sector financiero. Sin embargo, la máxima instancia judicial europea señala que tal limitación da lugar a una protección de los consumidores «incompleta e insuficiente», por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, según indicó en un comunicado.
Luxemburgo argumenta que el hecho de que un juez declare abusiva una cláusula debe conllevar el restablecimiento de la situación en la que estaría el consumidor si no hubiese existido la misma, por lo que debería permitir la devolución de las ventajas que obtuvieron los profesionales en detrimento de los usuarios.
Ante tal contundencia, desde el Tribunal Supremo ya dejaron claro ayer que «ajustarán» su jurisprudencia para incorporar este dictamen. Este organismo, al igual que la Audiencia Provincial de Alicante, también mantenía paralizados decenas de recursos desde abril de este año a la espera del pronunciamiento.
En cualquier caso, la decisión supone un varapalo importante para las entidades afectadas -casi todas, en mayor o menor medida, con la notable excepción del Santander- que, según las cifras que ofreció ayer el Banco de España, podrían verse obligadas a devolver una cantidad cercana a los 4.000 millones de euros, si todos los afectados recurren. Unos números que obligaron a salir a la palestra al Gobierno para defender la solvencia del sistema financiero nacional. «Es perfectamente capaz de hacer frente a las consecuencias de la sentencia», señaló ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Devolución de oficio
Ahora la gran incógnita es cómo se aplica la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Desde las principales organizaciones de usuarios instaron ayer a las entidades a emprender la devolución del dinero de oficio. «Esperamos que no obliguen a todos los afectados a recurrir a los tribunales para conseguir su dinero pero, si es necesario, emprenderemos acciones colectivas», apuntó ayer el portavoz de Adicae en Alicante, Víctor Cremades. Al respecto, el Gobierno aseguró que ya trabaja con el PSOE para tratar de agilizar los pagos pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dejó claro que son las entidades quienes deben llega a acuerdos con sus clientes.
Éstas, por su parte, se limitaron a señalar que siguen estudiando las repercusiones del fallo y dejaron claro que no habrá una devolución de oficio. Por su lado, el Sabadell defendió la transparencia de sus cláusulas suelo, por lo que considera que la sentencia no le afecta.
