El fiscal no se opone a que el secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, declare como testigo en la causa por un presunto desvío de dos millones en subvenciones sin perjuicio de que se le impute si se acredita alguna irregularidad. Lillo planteó que no tenía responsabilidad en Coepa cuando ocurrieron los hechos y pidió entregar documentación que aclararía que no hubo irregularidades. La juez le ha citado inicialmente como investigado, figura que sustituye a la del imputado, y éste lo había recurrido. J. A. M.
