A mediados de noviembre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguraba no ser un fanático de la austeridad, como introducción a la presentación de un plan de estímulo fiscal entorno a 50.000 millones de euros, un escaso 0,5% del PIB, que no podría dejar satisfecho a ningún keynesiano, pero que, al menos, era un pequeño gesto en la dirección correcta. Quienes llevan ya un tiempo sugiriendo la imperiosa necesidad de que la zona euro, para salir del prolongado estancamiento en que se encuentra, ponga en marcha un plan de expansión fiscal son organismos tan «peligrosos y heterodoxos» ideológicamente como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el G20, o el BCE.
Ni que decir tiene, que la Comisión, al formular una propuesta, incluso tibia, de esta naturaleza, se apresuró a añadir que ello debería hacerse siempre en el marco del cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que su recomendación es que pongan en práctica esta políticas aquellos países que tienen margen para ello, básicamente, Alemania, Holanda y Luxemburgo, mientras que los países con problemas de déficit público -esencialmente Francia, Italia y España, entre los grandes- deberían ser mucho más prudentes.
Marco Buti, director general de Asuntos Económicos y Financieros, de la Comisión Europea, y Lucía Rodríguez Muñoz, analista en dicha dirección general, han publicado un muy didáctico artículo (Why we need a positive fiscal stance for the Eurozone and what it means) en Vox, un portal del Centre for Economic Policy Research, en el que explican que, en el contexto actual es necesario actuar de una forma decisiva, y no titubeante, en apoyo de la demanda, porque no hay forma de hacer frente a las incertidumbres con políticas conservadoras.
Pero unos días después, el 5 de diciembre, como ya se ha anticipado, el Eurogrupo (la reunión de los ministros de economía y finanzas de los países de la zona euro), liderado por Alemania, bien acompañada por Holanda y otros países del Norte, rechazaron la propuesta de la Comisión. Al parecer, Francia, España, Grecia, Portugal e Irlanda (Italia no asistió después del referéndum constitucional perdido por Renzi un día antes), sí apoyaron el plan de estímulo planteado por Juncker y su comisario, el francés Pierre Moscovici.
El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dissselbloem, declaró tras la reunión que comparten el análisis de la Comisión, en cuanto a que la recuperación económica es muy frágil y las incertidumbres muy elevadas, pero, sin embargo, considera que lo más conveniente es mantener una política fiscal neutra para 2017, como ya anunciaran en julio de este mismo año. Cuestión distinta, señaló, es que los países que sí tienen margen fiscal, puedan utilizarlo si así lo desean. O sea, no solamente no existe una figura central en materia fiscal, es que además se rechaza, de plano, cualquier tipo de coordinación de las políticas: en definitiva, que cada uno vaya a la suya. Eso es muy grave con una moneda común. Es más, los países llamados «halcones», cuestionan que se mantengan las ya escasas competencias económicas que tiene delegadas la Comisión Europea, probablemente como forma de mostrar su insatisfacción porque España y Portugal no hayan sido mínimamente sancionadas, ante su posición reiterada de déficit excesivo.
El Eurogrupo no solamente da un importante revolcón a la Comisión Europea, al rechazar su propuesta de estímulo fiscal; también desoye lo que la OCDE plantea en su último Economic Outlook, en el que aboga por un replanteamiento de la política fiscal y propone cambios fundamentales en las reglas contenidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que la política monetaria está sobrecargada, por lo que se necesita una respuesta fiscal, dado que, con los actuales tipos de interés existe amplio espacio fiscal para impulsar el crecimiento. Por otra parte, aboga porque el gasto de inversión tenga un tratamiento mucho más flexible, y que dicha flexibilidad se utilice, dentro de las reglas presupuestarias de la eurozona, al tiempo que rechaza la oportunidad de reducir los impuestos, dado que sus cálculos sobre los multiplicadores fiscales muestran que es mucho mayor el asociado al gasto de inversión que el relativo a la disminución de impuestos. Pero cualquier razonamiento de esta naturaleza ante los países que de verdad deciden en el Eurogrupo tiene el mismo efecto que clamar en el desierto. Afortunadamente, en lo que se refiere al consejo de gobierno del BCE, las «palomas» logran imponer sus criterios a los «halcones».
Tres días después de la reunión del Eurogrupo, el 8 de diciembre, se reunió el consejo de gobierno del BCE, que, esencialmente, acordó dos cosas: por una parte mantener las compras enmarcadas en su programa de facilidades cuantitativas, por un importe de 80.000 euros mensuales hasta finales de 2017 --cuando debía finalizar-- y alargar su duración hasta finales de diciembre del próximo año, aunque por una cuantía, entre abril y fin de 2017, de 60.000 euros mensuales; es decir, más de medio billón de euros de dinero adicional. Y, por otra, mantener los tipos de interés en sus niveles actuales (0% para las principales operaciones de financiación, 0,25% para la facilidad marginal del crédito, y -0,40% para la facilidad de depósito) durante un periodo suficientemente prolongado que, según reza su nota de prensa, «superará con creces el horizonte de las compras netas de activos».
Desafortunadamente, la política monetaria hace tiempo que perdió margen de maniobra y, difícilmente, podrá ayudar a que alcancemos y consolidemos un sólido crecimiento, que permita reducir la todavía muy elevada tasa de desempleo. Pero, afortunadamente, y contra la opinión de los banqueros centrales de Alemania y otros países del Norte, Mario Draghi y quienes, desde el consejo de gobierno, le apoyan, están, al menos, manteniendo estos importantísimos estímulos monetarios.
Esta contundente actuación del BCE puede y debe deshacer algunas incertidumbres respecto al mantenimiento de la política monetaria y frenar el aumento de los tipos de interés a largo plazo que había venido produciéndose en las últimas semanas, con un aumento de los diferenciales entre el bono alemán y la deuda de los países del Sur, como España o Italia. Un aumento de los tipos de interés, que antes o después ha de llegar, sería dramático para los países que tienen los niveles de endeudamiento que, entre otros, registra España. Por ello sería conveniente impulsar el crecimiento con la política fiscal antes de que ese momento llegue; y no olvidemos que la Fed ha vuelto a dar nuevos pasos para normalizar la política monetaria. El BCE, sólo, no puede.
