Los sindicatos salieron ayer a la calle en Alicante, al igual que en el resto de capitales españolas, para reclamar al Gobierno que se siente a la mesa del diálogo social «dándole contenido», según subrayaron ayer las dirigentes sindicales de UGT y CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez y Consuelo Navarro. La concentración se realizó al mediodía en la plaza de la Montañeta y las representantes sindicales incidieron en varias ocasiones en la necesidad de reducir la elevada cifra de paro que soporta la provincia. «Más de 170.000 alicantinos sin empleo es insostenible», denunciaron.
La de ayer, advierten, sólo es la primera movilización. La segunda a nivel nacional se realizará este domingo en Madrid. «Y después, se irán convocando más», añadió Navarro. «Porque no nos vamos a sentar a negociar recortes y derechos de los trabajadores», apostilló Sánchez, quien criticó que durante la anterior legislatura, «el Gobierno pasó el rodillo de la mayoría absoluta y obvió el diálogo social». Además, para la representante de UGT, algunas de las propuestas que ha lanzado el Ejecutivo hasta ahora «parecen más una política de pantalla, de marketing político».
Una de las primeras medidas que plantean los sindicatos es la derogación de las reformas laborales de 2010 (aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero) y la de 2012 (Mariano Rajoy). Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ya ha advertido de que no «liquidará» las reformas que realizó en su anterior mandato. Esta reacción, a poco de reabrirse el diálogo social, provocó malestar en los representantes sindicales. Y la segunda muestra de inquietud sobre el devenir del diálogo con los agentes sociales vino del «decreto» para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional.
El incremento del SMI era una vieja reivindicación de los sindicatos. Ellos reclaman elevarlo hasta los 800 euros mensuales. Sin embargo, el Gobierno pactó con el PSOE -fuera del escenario de reuniones con patronal y sindicatos- un aumento del 8% para este año, que supone pasar de los 655 euros a los 707 al mes. Para Sánchez y Navarro, «es una subida insuficiente».
Prestaciones
La renta mínima, que UGT y CC OO plantean a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso, es otra de las demandas al Gobierno. Una prestación mínima «para las personas que están sin empleo o no cuentan con una renta suficiente para tener una vida en condiciones», explica la dirigente de CC OO. De forma paralela, los sindicatos consideran que es «ineludible» que suban los salarios. «Ya es hora de que la mejora de la economía, que dice el Gobierno que muestran los principales indicadores, revierta en los trabajadores», lanzó Navarro. «Porque, además, si no se produce ahora un incremento de los salarios, no aumentará el consumo y la economía no se reactivará realmente», alertaba su homóloga en UGT, en otro momento de la concentración.
Contratos de una semana
En este sentido, Yaissel Sánchez denunció que en la provincia un 24% de los 645.688 asalariados alicantinos «apenas cobra el SMI, es decir, unos 152.342 trabajadores, según los últimos datos de la Agencia Tributaria». Otros datos que, a su juicio, evidencian en Alicante la precariedad laboral es la «alta temporalidad en las contrataciones». De los 512.034 contratos realizados hasta octubre, el 19,99% (102.334) sólo ha tenido una duración de una semana y el 49% de hasta tres meses, según datos de UGT. Para los sindicatos, las prestaciones sociales también ocupan un puesto importante en su tabla de reivindicaciones. «La sociedad alicantina no puede seguir soportando que uno de cada dos parados sobreviva sin prestación alguna. Y que, además, entre los desempleados el 34,2% lleven más de dos años en las listas del paro», añade Yaissel Sánchez.
Por otra parte, garantizar el sistema público de pensiones es otra de las prioridades, así como que su debate «vuelva al Pacto de Toledo, con los partidos y los sindicatos», según Consuelo Navarro. Y sobre la última propuesta del Ministerio de Empleo de un pacto para que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde, los sindicatos replican que sí apuestan por la conciliación laboral y personal, pero que la oferta «parece incongruente con la libertad de horarios comerciales que defiende el Gobierno», critica Sánchez.
