Los actuales responsables de Coepa, con Francisco Gómez a la cabeza de presidente interino, son muy conscientes de que la principal amenaza que se cierne ahora sobre la patronal, una vez aprobado el convenio para salir del concurso de acreedores, es la denuncia penal que el Servef presentó por un supuesto fraude en subvenciones durante la construcción del centro de oficios, con el que se habría desviado, según este organismo, unos dos millones de dinero público. Aunque están convencidos de que el caso quedará en nada y de que se acabará archivando, lo último que quieren es otro año como el que han pasado, con constantes apariciones de noticias negativas en la prensa y con sus máximos responsables teniendo que hacer el paseíllo ante las cámaras para declarar en los juzgados.

Un desgaste y una exposición constante que tampoco viene nada bien a la hora de encontrar un voluntario que quiera tomar las riendas de la organización a partir del próximo verano, tal y como pretende Gómez, que ya ha dejado claro que no quiere seguir al frente de la patronal.

Ante esta situación, los responsables de Coepa han optado por la única vía que consideran factible para cerrar cuanto antes el caso, que es la de adelantarse al propio juzgado. Ya lo hicieron hace aproximadamente un mes, cuando decidieron personarse voluntariamente en el caso, antes de recibir ningún tipo de citación, para tener de primera mano la información sobre el estado de la denuncia. Ahora quieren ir un paso más allá y sus abogados ya preparan un escrito para que el juez acepte la entrega también voluntaria de todos los archivos y las facturas que han recabado sobre la construcción del citado edificio. Una documentación que, a su juicio, demuestra «que no hubo ningún desvío de fondos y que no se ha cometido ningún delito», según explican desde la patronal.

Lo cierto es que el secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, y el tesorero, Antonio Galvañ, llevan prácticamente desde que se conoció la noticia de la denuncia buceando en los archivos de la patronal para recopilar toda la información. Una tarea nada fácil si se tiene en cuenta que el proyecto del centro de oficios empezó a gestarse en el año 2001 y que, entre medias, Coepa trasladó su sede desde el edificio que tenía enfrente del Teatro Principal de Alicante a sus actuales instalaciones en la calle Orense.Las mismas facturas

La denuncia del Servef se produjo después de que un cruce de datos entre este organismo y el Instituto Valenciano de Finanzas sacara a la luz que se habían utilizado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos de la hipoteca concedida por el banco público para construir el edificio, y el cobro de las subvenciones del primero con la misma finalidad. El escrito también señalaba que el importe conjunto de todas las facturas entregadas -4,77 millones- era dos millones de euros inferior a la suma de las ayudas y el crédito no devuelto, que ascendía a 6,8 millones, y señalaba que se ignoraba el destino de este dinero. Además, sostenía que se había incumplido la ley al recibir dos ayudas -el préstamo del IVF y las subvenciones del Servef- con la misma finalidad, lo que supondría un fraude.

Desde el primer día Coepa ha negado ninguna irregularidad en estos hechos. Así, señala que nunca ninguna empresa cobró dos veces por el mismo trabajo y que lo que se hizo fue utilizar las mismas facturas para dos procesos administrativos distintos. De hecho, aseguran que era lo que establecía la ley, ya que el Servef obligaba a que los trabajos estuvieran pagados -lo que sólo podía hacerse disponiendo de los fondos de la hipoteca- antes de liberar las subvenciones. También destacan que los dos millones que supuestamente faltan se debe a que, para la petición de subvenciones, sólo se aportaron las facturas de la constructora principal porque eran suficientes para cubrir el importe de las ayudas, pero que faltan por contabilizar el resto de facturas que se abonaron a las demás firmas que participaron en el proyecto. También señalan que el préstamo del IVF no tiene consideración de subvención, por lo que no se ha incurrido en fraude de ley. Habrá que ver si el juzgado acepta estas explicaciones o si se inicia un nuevo calvario para la patronal.