Luchar contra el fraude. Bien. Medidas para que todos cumplan la legalidad y acabar con la economía sumergida y la competencia desleal. Bien. Estas son las primeras reacciones de pymes, autónomos y consumidores de la provincia sobre la nueva medida que el Gobierno prevé aprobar hoy y por la que se limitará a 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales, el pago en efectivo para combatir el fraude.

No obstante, los representantes de microempresas, trabajadores por cuenta propia y usuarios también reclaman al Gobierno reforzar las medidas de seguridad del pago-cobro, por una parte, e implementar otras que puedan aliviar el aumento de los costes financieros que se derivarán de esta norma para las empresas más pequeñas. Porque éstas «tienen menos recursos e infraestructuras que las grandes empresas», según coincidían Cristóbal Navarro, presidente de la patronal de las pymes (Cepyme) en Alicante, y Diego Menor, secretario general de la federación de emprendedores FAESCV.

A partir del próximo 1 de enero, en pleno periodo de las tradicionales rebajas, el importe de las compras o los servicios de profesionales que superen los mil euros no podran pagarse en metálico. Deberán abonarse mediante transferencias bancarias, dinero de plástico (tarjetas de crédito o débito) o a través de otros sistemas menos tradicionales derivados de la implantación de las nuevas tecnologías como los pagos con aplicaciones de dispositivos móviles o con monederos electrónicos, en su caso. Un paso más hacia la sociedad de la nuevas tecnologías.

«¿Medida precipitada?»

«Sobre el papel está muy bien porque se persigue el fraude y eso beneficia a toda la sociedad, pero ¿está preparado nuestro sistema para sustituir ya el pago en efectivo por otros menos tradicionales?», planteaba Luis Rodríguez, secretario general de Fempa, patronal provincial del metal que también tiene entre sus asociados pequeñas empresas metalúrgicas, además de las grandes. Quizá la implementación sea «un poco precipitada», porque en un primer momento puede «dificultar o retrasar el cobro», añade Rodríguez. Desde Fempa tienen dudas deque las empresas más pequeñas y la sociedad, en general, estén ya preparadas para pasar del pago-cobro en efectivo al surgido con la irrupción de las nuevas tecnologías. «Todavía no somos un país del norte de Europa», advierte. Por eso, se suma a la exigencia de otros sectores de que, al mismo tiempo que se aprueba la medida, «se coadyuven otras para adaptar el sistema de sustitución con un mayor control y medios seguros y rápidos de cobro. Esperemos que estos avances digitales agilicen el pago-cobro y no sumen dificultades a las que ya tienen los autónomos», añadía el representante de Fempa, quien espera, además, que este nuevo paso que da el Gobierno «no suponga ahora una paralización inmediata del tráfico económico en pleno inicio de la recuperación».

Más costes de tiempo y gestión

Por su parte, Diego Menor (FAESCV) incide en que la repercusión más inmediata para los pequeños autónomos «son los mayores costes de tiempo y de gestión financiera», al realizar por transferencia bancaria, en su caso, las operaciones superiores a mil euros, dado «que los bancos están aumentando sus márgenes y eso repercute más en las pymes y autónomos que las grandes empresas».

El presidente de Cepyme se muestra más crítico y lanza que con la nueva medida, se «persigue a la pequeña economía. Mientras se destinan los recursos a perseguir pagos superiores a mil euros en efectivo, están dejando de atender sacos de dinero en movimientos de grandes economías», aseguraba Cristóbal Navarro.

El representante de las pymes insiste en que «es difícil que en esas cuantías se escondan cantidades de fraude. Es un tema más simbólico que, además entorpece a las pymes, que tienen menos facilidades y recursos». Para Navarro, son «los bancos los que se benefician» del nuevo escenario que se abre.

Compras financiadas en tiendas

Menos resistencia parecen mostrar los representantes de los usuarios. Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), su presidente, Fernando Moner, se señala que «hay pocas operaciones con cantidades de ese volumen y cuando los consumidores hacemos un gasto de esas cuantías, exigimos una documentación para garantizar nuestra seguridad». Desde un usuario medio y desde el consumo familiar «lo que se pide es transparencia», añade. Por eso aplaude la creación de la medida.

Además, Moner incide en que en los últimos tiempos, las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de los consumidores, porque ha aumentado el pago «con dinero de plástico o de manera electrónica. Y el abono a través de los teléfonos móviles va a ser una realidad extendida en unos años». También Moner reclama medidas de seguridad del sistema para proveedor y comprador.

Las últimas cifras que maneja la Federación del Pequeño Comercio Alicantino (Facpyme) es que en la actualidad, «más del 50% de las transacciones se hacen por vía electrónica. Además, en muchos casos se aplazan o financian las compras», subrayaba Francisco Rovira, secretario general de Facpyme. El representante del sector comercial incidía que en sectores como los comercios de muebles, electrodomésticos, de automoción o de joyería... «las compras se aplazan e, incluso, las tiendas tienen sus propias tarjetas de financiación. En un pequeño comercio, transacciones de mil euros se hacen con dinero de plástico», reitera.

También Fernando Moner añadía que el usuario se está acostumbrando a la era tecnológica. «Las visitas a los bancos se han reducido y hacemos muchas operaciones a través del ordenador y los teléfonos móviles».