01 de diciembre de 2016

El Gobierno limita la lucha de la Policía autonómica contra la economía sumergida

El Consell quería que los agentes pudieran intervenir en materia laboral sin necesidad de ir acompañados por un inspector de Trabajo para aumentar el número de actuaciones

01.12.2016 | 03:02
El Gobierno limita la lucha de la Policía autonómica contra la economía sumergida

El Gobierno central no quiere que la Policía autonómica asuma mayores competencias para combatir la lacra de la economía sumergida que, según las estimaciones de los sindicatos, emplea a más de 200.000 personas en toda la Comunidad. Al menos así lo aseguran desde la Conselleria de Economía, que denuncian la negativa del Ministerio de Empleo a conceder atribuciones en materia laboral a estos agentes, tal y como había planteado la Generalitat con el objetivo de multiplicar el numero de actuaciones que se realizan para detectar a trabajadores sin contrato y otro tipo de infracciones similares.

En concreto, el Consell quería aprovechar la renovación del convenio por el que se rige el funcionamiento de la Inspección de Trabajo en la Comunidad –una renovación obligada por los cambios que se introdujeron en la legislación el año pasado– para que se reconociera a los policías autonómicos como «autoridad» en materia laboral. Un cambio que permitiría que las actas que levantaran los agentes fueran testimonio suficiente para que se iniciara el pertinente expediente y se sancionara a las empresas incumplidoras.

Hasta ahora, si los agentes no van acompañados de un inspector de Trabajo, su actuación no tiene efectos administrativos y sólo sirve si la infracción cometida es tan grave que tiene consecuencias penales, lo que sólo ocurre en un número de casos muy pequeño. Esto obliga en la práctica a que policías e inspectores deban ir de la mano cada vez que se produce alguna operación.

Según defienden desde la Conselleria, los cambios propuestos habrían permitido multiplicar el número de actuaciones específicas contra la explotación laboral y también que los casos de economía sumergida que se detectan en el transcurso del resto de actividades que desempeñan los agentes no queden impunes, como puede ocurrir en estos momentos. Además, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que estas nuevas atribuciones para la Policía autonómica tienen perfecto encaje legal en la nueva ley que regula la Inspección de Trabajo desde el año pasado.

Anuncio en las Cortes
Fue el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien anunció en las Cortes el pasado mes de julio que la Policía autonómica incorporaría a sus atribuciones la lucha contra la economía sumergida. Entonces, la Generalitat y el Ministerio de Empleo ya llevaban varios meses trabajando en el asunto y se habían intercambiado varios borradores. Una negociación necesaria ya que las competencias en materia laboral están compartidas entre la Administración central –que es la que legisla y de la que depende la Inspección de Trabajo formalmente–y la autonómica –que ejerce las labores sancionadoras y orienta el trabajo de la Inspección–.

La colaboración entre ambas se articula mediante un convenio que, tras 16 años de vigencia, hay que renovar obligatoriamente debido a los cambios legislativos introducidos el año pasado. Sin embargo, según afirman desde la Conselleria de Economía, el Gobierno lleva meses dilatando la firma del nuevo convenio con la Comunidad Valenciana, algo que inicialmente atribuyeron al hecho de que el Ejecutivo central estuviera en funciones, hasta que finalmente desde Madrid han dejado claro que el problema es la propuesta del Consell para dar más atribuciones a la Policía autonómica.

Un rechazo que desde el Gobierno autonómico no entienden cuando la Inspección de Trabajo tampoco anda sobrada de medios. En concreto, según la memoria oficial de este organismo, su plantilla apenas la forman en la Comunidad 154 personas –27 jefes de área, 43 inspectores y 84 subinspectores–, que deben controlar la situación y las condiciones laborales de casi dos millones de trabajadores.

Líder en infracciones
También hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es la autonomía donde más infracciones relacionadas con la economía irregular detecta este organismo. El año pasado fueron 5.635 –2.879 en la provincia de Alicante– que, entre otras cosas, obligaron a dar de alta a 11.180 trabajadores que estaban sin contrato. Este diario trató ayer de recabar la versión del Ministerio de Empleo sin éxito.

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