Hasta 47 organizaciones empresariales han suscrito ya el manifiesto promovido por la patronal autonómica Cierval "contra la posible implantación obligatoria en la Comunidad Valenciana del sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) en envases de bebidas refrescantes, zumos, aguas y cervezas". Un sistema que, según explican desde la organización, implica el cobro al ciudadano de diez céntimos por cada envase que compre y que se le devolverá cuando retorne el envase vacío en los establecimientos donde se venden.

Actualmente, en la Comunidad tiene el mismo sistema de gestión de que el resto de España, basado en el pago de un importe "punto verde" a una entidad sin ánimo de lucro para cubrir los costes de gestión de estos envases, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos. Para los firmantes del documento, la implantación del nuevo sistema que propone la Generalitat supone, "entre otros inconvenientes, complicar la gestión y los costes para empresas y consumidores lo que directamente lastrará la competitividad de las empresas en la Comunidad Valenciana y aumentará el precio de venta al público".

En el manifiesto, que está en poder de la Generalitat Valenciana desde el pasado verano y que cada vez cuenta con más firmas, se dice que las empresas sí están a favor de la implantación de medidas que contribuyan a mejorar los objetivos de recuperación y reciclado de envases, siempre que sean eficientes. Los empresarios y asociaciones de Cierval opinan que en la actual coyuntura económica, "no se deben adoptar medidas que condicionen la competitividad de las empresas sin garantías de obtener unos resultados eficientes" por lo que, antes de implantar el sistema SDDR, la patronal se ofrece a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para identificar las causas de las bajas tasas de reciclado en la autonomía y "trabajar conjuntamente en el diseño y puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorarlas".

Unidad de mercado

Para Cierval, la propuesta de implantar este nuevo modelo de gestión de envases en la Comunidad Valenciana afecta a la unidad de mercado y complicará la administración de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español. Además, crecen los costes de producción por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa. La aplicación de SDDR afectará especialmente a las empresas de envasado de aguas y refrescos, cuya actividad tiene un fuerte impacto en el empleo local.

Además, según denuncian, la implantación del SDDR obligará a las empresas de distribución y venta de producto (hipermercados, supermercados, comercio y hostelería) a habilitar y acondicionar espacios para el retorno de envases (desagües, electricidad, etc.) lo que supondrá mayor coste de las instalaciones, una pérdida de superficie de lineal, almacenaje y atención al consumidor. También tendrían que modificar el sistema de gestión de caja por el importe aplicado en concepto de depósito y retorno del envase (exención de IVA, facturas, tickets, etc.). Asimismo incrementarán los conflictos en caja por la revisión de las condiciones del envase retornado. Finalmente, puesto que el establecimiento no tiene control sobre otros líquidos que haya podido contener el envase retornado, podría generarse riesgos sanitario por contaminación cruzada, complicándose la inspección sanitaria.

Por todo ello, Cierval insta a la Generalitat Valenciana a reflexionar antes de implantar este sistema SDDR y se ofrece para, a través del diálogo con las organizaciones, buscar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia y las tasas del reciclado de envases.