La Audiencia Nacional ha aplazado al 29 de mayo del próximo año el inicio del juicio contra el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, contra los exdirectores generales de la caja Roberto López Abad y Dolores Amorós y contra otros seis exdirectores acusados todos ellos en la denominada pieza principal de las abiertas por la gestión de la caja, en la que se juzga si falsearon las cuentas de la entidad y se asignaron además unas retribuciones a las que supuestamente no tenían derecho.
La vista estaba previsto que comenzara el 17 de enero pero la coincidencia de las sesiones fijadas con otros señalamientos previos que tenían varios de los abogados personados la causa ha obligado al tribunal de la sección Cuarta a modificar las fechas.
Finalmente el juicio arrancará el lunes 29 de mayo y acabará el 21 de julio, periodo en que se desarrollarán las veinte jornadas fijadas, cuatro más que en el primer señalamiento.
La primera semana (del 29 de mayo al 2 de junio) las sesiones se celebrarán en la sede que la Audiencia en San Fernando de Henares, donde tuvo lugar el primer juicio de la CAM, y las siguientes tendrán lugar en el edificio de la calle Génova.
Junto a Crespo, López Abad y Amorós se sentarán en el banquillo los ex directores Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Los ocho se enfrentan a una petición de penas de prisión de hasta 17 años de cárcel. La Fundación CAM y el Sabadell están llamados como responsables civiles subsidiarios y la aseguradora Caser, como el directo.
La magistrada Ángela Murillo presidirá el tribunal del que forman parte Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, que será el ponente.
La sala ha aceptado varias de las pruebas solicitadas por las partes. Entre ellas, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y como han reclamado la Fiscalía y las acusaciones particulares.
La magistrada Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados siguiendo el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez. Se sostiene que los exdirectivos no pusieron «objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes». A lo que se suma que «se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial» de la caja de modo que se cerraba el ejercicio con resultados positivos, lo que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real, con pérdidas, hubiera impedido que se les abonara.
