25 de noviembre de 2016

Rajoy pone límites al diálogo social y deja claro que no derogará la reforma laboral

El Gobierno tampoco está dispuesto a saltarse el objetivo de déficit comprometido con Europa

25.11.2016 | 07:43

Diálogo social, sí pero con limitaciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó ayer claro a patronal y sindicatos, en la primera reunión que mantenía con los agentes sociales en esta legislatura, las dos líneas rojas que no está dispuesto a cruzar:no salirse del marco presupuestario que permitirá cumplir con el objetivo de déficit y «no liquidar» las reformas realizadas en su mandato, como la laboral o la de pensiones. «El presidente del Gobierno ha sido honesto con los agentes sociales. Tenemos que cumplir con la senda de déficit público y no deberían hacerse muchos cambios en las reformas que funcionan para no perjudicar la creación de empleo», afirmó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el encuentro.

No obstante, Báñez precisó que, por la vía del diálogo social, se podrían mejorar algunos aspectos concretos, entre ellos la calidad del empleo que se crea en España. Ahora bien, la propia ministra reconoció que sindicatos y empresarios «no tienen muchos puntos de acuerdo» y que primero se necesitaría su consenso. De esta forma, el Gobierno estaría dispuesto a acometer modificaciones parciales de la legislación laboral, siempre y cuando patronal y sindicatos alcancen un acuerdo previo.

El problema es que los sindicatos no ven el modo de mejorar la calidad del empleo sin cambiar el núcleo duro de la reforma laboral. «¿Cómo se mejora la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral?», se preguntó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. En cambio, los empresarios consideran que la reforma laboral les ha sido muy útil. «Durante la crisis se cerraron más de 300.000 empresas. Sin reforma laboral se habrían cerrado muchísimas más», señaló el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. Tampoco hubo avances sobre la revalorización del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno quiere ejecutar en un plazo de cuatro a ocho años y los sindicatos quiere concentrar en esta legislatura.

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