El presidente de la Federación de las Empresas de Obra Pública de la Provincia de Alicante (Fopa), Javier Verdú, lanzó ayer un mensaje demoledor sobre la situación en la que se encuentra el sector en la provincia, debido a que la actividad durante este año ha sido prácticamente cero por parte de las tres grandes administraciones, inversoras, Ministerio de Fomento, Generalitat y Diputación, algo que tiene asfixiado a las empresas. El sector ha perdido en los últimos cinco años entre 15.000 y 18.000 trabajadores y, según Verdú, este año el goteo de destrucción de empleos vuelve «porque no es solo suficiente con las inversiones privadas».

Verdú y su junta directiva celebró una comida de trabajo con diputados responsables de Obras en la Diputación, a los que además de agradecerles su esfuerzo -la Diputación es la única que intenta cumplir- les pidió más agilidad en los expedientes y que, por ejemplo, se cambien el sistema de contratación de la actual subasta a los concursos públicos «y que se acabe con las bajas temerarias». El presidente también les pidió colaboración para recuperar los premios Fopa. Verdú también mostró su apoyo a la creación de una Zona Franca en torno al Puerto de Alicante.

Verdú denunció la especial parálisis que sufre la inversión por parte del Ministerio de Fomento -salvo la variante de Benissa el año se considera en blanco- y de la Conselleria de Obras Públicas que, según Fopa, solo se dedica a trabajos de mantenimiento y al pago de proyectos anteriores. «Nos los anunciaron pero no nos parece correcto que hayan desviado toda la inversión a los años 2018 y 2019». En la provincia el ejemplo claro son los casi diez millones de euros para el túnel de Serra Grossa del TRAM, que se ejecutará en 2018. Casi ni un euro en 2017. Y en el haber de Fomento, los 30 millones que debe invertir en la remodelación de los accesos viarios al aeropuerto de Alicante-Elche.

La falta de inversiones del Consell y el Ministerio de Fomento amenazan con provocar una nueva sangría en el empleo de la obra pública en la provincia. Están en juego 7.000 empleos directos en la Comunidad, de los que la mitad 3.500 se localizan en Alicante.

Un ejemplo de la paralización es el poco músculo inversor de la Conselleria de Vertebración del Territorio, que manejará en 2017 para el programa de obras públicas y transporte un total de 239 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 5% respecto a 2016, pero poco para actuaciones nuevas. Entre los proyectos figura la reanudación de las obras del Túnel de la Serra Grossa del TRAM, que contará con 9,6 millones de euros repartidos en tres anualidades (2017, 2018 y 2019), aunque la gran obra no se realizará hasta 2018. Vertebración del Territorio tiene el 33% del presupuesto hipotecado para pagar obras ya acabadas. Ese 33% del presupuesto de 2017 se deberá emplear para pagar obras ya acabadas, o que paralizó el antiguo gobierno, como la autovía de la Plana, la del aeropuerto a Torreblanca, la autovía de Llíria, un paseo marítimo en Benidorm o la avenida de Dénia en Alicante. En cuanto a la Diputación, el diputado Carlos Castillo tampoco dio ayer muchas esperanzas, ya que la institución no prevé generar inversiones hasta 2018.