La organización empresarial alicantina reunirá el próximo día 21 de noviembre a su junta directiva para decidir los criterios en los que se basará la nueva patronal refundada. La reunión se produce después de que la pasada semana la junta de acreedores aprobara el convenio que le permitirá salir del concurso con una quita del 95% de la deuda ordinaria -que se eleva a 780.000 euros-, si no hay alegaciones de por medio.
Francisco Gómez, presidente interino de la organización desde la dimisión en marzo de Moisés Jiménez, será el que pilote el periodo de transición hasta las elecciones, que se convocarán para dentro de seis meses y a las que no presentará candidatura, según ha anunciado. Hasta entonces, sin embargo, tiene que sentar las bases de la refundación, que, en uno de los aspectos más estéticos, supondría el cambio de denominación e incluso de logo.
La propuesta que Gómez planteará a la junta será que la organización pase a llamarse «Ceoe Provincia de Alicante» o, incluso, «Ceoe y Cepyme Alicante», dado que, «en realidad la entidad alicantina es una delegación de la patronal nacional», argumenta. Pero, igualmente, los cambios afectarán a la imagen. Francisco Gómez considera que el logo actual «está quemado y se asocia a una época tempestuosa de "guerra" interna» con la que se quiere romper definitivamente, según manifestaba el propio mandatario, quien encargará a una comisión que trabaje en el diseño de la nueva imagen.
Una de las claves del proceso que culmine con una patronal «diferente y renovada» pasa por «la integración de los que están fuera», refiriéndose Gómez, aunque sin citarla, a Cepyme, patronal de la pequeña y mediana empresa alicantina excluida de la organización desde su expulsión en junio de 2015 durante la etapa de Moisés Jiménez. Pero el presidente de Coepa también se estaría refiriendo a Fempa, con la que se arrastra un largo periodo de enfrentamiento, aunque la federación del metal sí está presente en los órganos de dirección de la patronal.
Cambios estatutarios
Algunos de los cambios planteados obligan a una modificación de los estatutos, ya que también se prevé que los mandatarios de la organización no se perpetúen en el cargo. La propuesta sería liderar la patronal durante cuatro años, con una posible prórroga de otros cuatros.
Tras la grave crisis económica que ha llevado a la organización empresarial a un estado agónico y casi a su desaparición, el objetivo es funcionar con un modelo de estructura reducida y autosuficiente financieramente, sin basar su supervivencia en las subvenciones y realizando más actividades. «Queremos asociar a más empresas, a los autónomos y a colegios profesionales. Convertirnos en un lobby que defienda los intereses alicantinos», añadió Gómez.
El presidente de la entidad minimizó el impacto que pueda tener la posibilidad de que empresas alicantinos puedan asociarse directamente a Cierval, según contemplarán los nuevos estatutos de la patronal autonómica y que Coepa ha aceptado como contrapartida al voto favorable de la autonómica al convenio de la alicantina para salir del concurso y que ha sido muy decisisvo, dado que Cierval era su principal acreedor. Francisco Gómez considera que «pueden ser pocas las empresas que lo hagan. Quizá las más grandes. No hay miedo porque también defenderán los intereses de la provincia, al igual que desde aquí defendemos los de la Comunidad», añadió.
La decisión del IVF
Ahora, en el nuevo proceso que quiere iniciar la alicantina «para hacer más atractiva la patronal a las empresas» -según Gómez- todavía hay asuntos pendientes. Uno de ellos es saber si en el plazo de diez días desde que la junta de acreedores aprobó el convenio, el Instituto Valenciano de Finanzas presenta alegaciones. El IVF ya intentó oponerse y tiene posibilidad de recurrir, de nuevo, si el juez dicta sentencia definitiva sobre el convenio. El Instituto estudia todavía su posicionamiento. El banco malo se opuso al convenio que evitaría la liquidación de la organización empresarial provincial, quien adeuda 3,2 millones por la hipoteca del centro de oficios, que está inoperativo.
El plan de viabilidad de Coepa prevé la venta del edificio para pagar el préstamo, lo que casi supondría que el IVF tendría que ejecutar el crédito y quedarse el inmueble, debido a la falta de ofertas y a que se construyó en suelo municipal cedido por 14 años, por lo que cumplido el plazo la parcela volvería a ser propiedad del Ayuntamiento de Alicante.
