El edificio Padua de Torrevieja se anunciaba en su día en diversos portales inmobiliarios como un bloque de pisos de lujo, con materiales de primera calidad. Una auténtica oportunidad para quienes quisieran una casa en el casco urbano de uno de los municipios más turísticos del país. Sin embargo, como ocurrió con muchas otras promotoras, la compañía que impulsaba el proyecto -Hermanos Culiáñez SA (Hercusa)- quebró en el año 2008 tras el estallido de la burbuja, el edificio acabó abandonado y el dinero que los compradores habían adelantado por sus apartamentos se esfumó en la maraña del concurso de acreedores.
Hasta ahora, cuando ha sido el Sabadell quien ha devuelto a uno de los afectados alrededor de 38.500 euros por las cantidades que ingresó a la promotora a través de la cuenta que ésta tenía en la entonces Caja Mediterráneo. El afortunado está representado por el Bufete Salmerón, que se ha especializado en este tipo de reclamaciones y que asegura que sólo en esta promoción se prodrían recuperar hasta 1,5 millones de euros por esta misma vía.
Son las consecuencias directas de la sentencia que en diciembre del año pasado emitió el Supremo y en la que -referida precisamente a otro caso de la CAM en Dénia- dictaminó que las entidades deben hacerse responsables por las cantidades que los compradores de viviendas sobre plano depositaron en sus sucursales, cuando el promotor no las hubiera avalado correctamente. Un fallo que se ha convertido en una auténtica pesadilla para el sector financiero al abrir la puerta a miles de reclamaciones por toda España por las numerosas promociones fantasma que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Así, desde el citado Bufete Salmerón cifran en unos 1.800 millones de euros el volumen de dinero de particulares que quedó atrapado en estas obras fallidas sólo en la provincia de Alicante, a una media de unos 45.000 euros por afectado. Otras estimaciones hablan de 17.000 millones en todo el país, mientras que desde el sector rebajan las cifras y aseguran que la cantidad real es mucho menor, aunque reconocen el problema. Sobre todo en aquellas zonas que fueron la «zona cero» de los desmanes urbanísticos durante la etapa del «boom», como fue el caso de la provincia, donde los edificios sin finalizar pueblan numerosas urbanizaciones.
La propia Hercusa, que se acogió al concurso de acreedores con una deuda de más de 40 millones de euros, dejó varios ejemplos más en la Vega Baja e, incluso, llegó a constituirse una asociación de afectados.
Entre los perjudicados por este fenómenos de las promociones fantasma también hay un buen número de extranjeros -Salmerón cuenta entre sus clientes a compradores de casas de Inglaterra, Irlanda, Francia y Portugal-, que se encuentran entre los más dispuestos a pleitear para recuperar su dinero.
Concursos de acreedores
Hasta la fecha, la mayoría de quienes perdieron la entrada de su piso o su apartamento al quebrar la promotora se limitaban a personarse en el correspondiente concurso de acreedores, con la esperanza de recuperar algo en el reparto. Una posibilidad bastante difícil ya que, generalmente, el patrimonio de estas firmas suele ser, precisamente, obras inacabadas y con hipotecas pendientes. Sin embargo, la sentencia abre ahora nuevas posibilidades, al poder actuar contra la entidad tenedora de la cuenta donde se depositó el dinero, como explica Fernando Salmerón, director del citado despacho de abogados. Y todo porque el Supremo entiende que las entidades debieron asegurarse que las cantidades que se ingresaban estaban debidamente avaladas.
Al respecto, hay que recordar que la legislación obliga al promotor a entregar al comprador un aval por el dinero que entrega a cuenta para evitar estos problemas, una práctica que muchas compañías se saltaron durante los años de «boom» o que sólo aplicaron a una parte del dinero.
Este diario se ha puesto en contacto con el Sabadell para conocer su opinión sobre los hechos, que ha declinado realizar ninguna valoración.
