La Fundación Caja Mediterráneo nació por necesidad. La venta de la CAM al Banco Sabadell, en diciembre de 2012, no incluía la Obra Social de la entidad alicantina, por lo que tuvo que crearse la Fundación, que asumió la actividad y fondos de aquélla.
Fue en abril de 2014 cuando definitivamente arrancó su andadura -durante dos años funcionó con una gestora-, aunque su trayectoria en este tiempo ha sido más que discreta, muy lejana al papel protagonista que tenía la Obra Social en Alicante. Una actividad sociocultural que llegaba a los rincones de la provincia, donde, en muchos casos, era el único referente en este ámbito por la ausencia o demérito de otras instituciones. La heredera de la Obra Social de la extinta CAM no parece que tomara el relevo con el suficiente impulso que le igualara a su testadora, que le legó fondos por un valor de unos 80 millones - que ahora se sitúan en torno a los 65- y patrimonio que incluye cerca de 40 inmuebles, unas 4.000 obras de arte, además de una biblioteca compuesta por más de 195.000 volúmenes.
En los últimos tiempos le han llovido críticas, externas e internas, que incidían en la escasa actividad, los pocos ingresos y los altos costes. Muchos de estos últimos se derivan de las causas judiciales relacionadas con la antigua CAM y en las que está inmersa, bien como acusación o como responsable civil (pieza principal por la quiebra y cuentas de la extinta caja) o como responsable civil subsidiaria -junto al Sabadell- (comercialización de las cuotas participativas de la CAM), principalmente.
Dos años de trayectoria oficial con escasa repercusión y con un mar de fondo de críticas a la gestión, la crisis estaba a la vuelta de la esquina. Estalló en julio pasado y acabó con la dimisión del presidente, Matías Pérez Such. La renuncia del que fuera secretario autonómico de Turismo con el PP -que se mantiene como patrono-, arrastró las salidas de dos miembros del Patronato y del gerente.
A finales de julio, la institución superó las turbulencias con la elección, por unanimidad, de Luis Boyer como nuevo mandatario, quien considera que hay que redefinir el modelo con proyectos que prestigien a la Fundación. La institución, que como el «Ave Fénix», pretende tomar impulso e iniciar una nueva etapa en la que intenta superar los hándicaps de la financiación, que le han venido limitando, y de la marca. Quiere recuperar, a la vez que buscar su sitio, en el ámbito sociocultural de la provincia.
Un nuevo ciclo con el que remediar aquel imperativo de su precipitado bautizo con fórmulas que le den impulso y mayor identidad. Las propuestas expresadas por Boyer en las dos reuniones del Patronato que ha presidido pasan por la colaboración de todos los miembros, asumiendo responsabilidades en distintas áreas. E, igualmente, pasan por la colaboración con otras instituciones o entidades financieras para aumentar las fuentes de ingresos, uno de los hándicaps más prioritarios a superar. Los patronos consideran necesario, asimismo, que hay que «hacer rentables las instalaciones que tenemos».
Durante el impasse estival, Boyer ha mantenido encuentros con ayuntamientos donde la Fundación tiene sede para iniciar vías de colaboración. E, igualmente, ha celebrado reuniones con los gobiernos autonómicos de los territorios donde está implantada (Comunidad Valenciana y Murcia) para iniciar una fase de mayor acercamiento y colaboración que la que se mantenía durante la etapa de Pérez Such.
En este sentido, con la Generalitat, hubo una reunión a principios de septiembre con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que visitó la sede central en Alicante. Una mayor sintonía del mandatario con el bipartito (PSPV-Compromís) que rige el Consell -Boyer fue director general de Comercio durante la etapa del socialista Joan Lerma en la presidencia- parece que ha permitido superar aquel distanciamiento, además de desbloquear el nombramiento del patrono institucional por parte de la Generalitat y que estaba pendiente desde la constitución de la Fundación.
A la Administración autonómica le corresponde un sillón en el Patronato, dado que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que depende de la Conselleria de Hacienda, actúa como supervisor de la entidad. También en esta nueva etapa, se trabajará en atender una vieja reivindicación de los patronos de Murcia como es la de tener cierta autonomía para la organización de actividades en su territorio, según se concluyó en la primera reunión con Boyer como mandatario.
Como asunto pendiente se encuentra, asimismo, decidir sobre la regulación de empleo anunciada en la anterior etapa por representar un elevado coste -dos millones- para pagar la nómina de unas 50 personas, en un escenario de escasos ingresos. Ahora, no se quiere tomar decisiones hasta no saber qué personal necesitará en el nuevo modelo al que se camina.
