El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante dio ayer un auténtico balón de oxígeno a la patronal alicantina al rechazar de plano el recurso que había interpuesto el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la admisión a trámite de su propuesta de convenio para salir del concurso. Una decisión que ha evitado que Coepa se vea obligada a ir directamente a liquidación y que, por tanto, deja en manos de los acreedores ordinarios -básicamente, la patronal autonómica Cierval- la aprobación o el rechazo de este plan durante la junta que deberá celebrarse el próximo 11 de noviembre.
De esta forma, la supervivencia de la patronal alicantina dependerá de lo que decidan los empresarios valencianos y castellonenses, que el pasado martes optaron por encargar un informe jurídico antes de fijar su posición sobre una propuesta que supondría perdonar a Coepa hasta el 95% de la deuda, y sentaría precedente en la organización.
De momento, lo que el juez deja claro es que los plateamientos de la organización presidida por Francisco Gómez cumplen con la legalidad y, por tanto, deben someterse a votación, frente a lo que pretendía el IVF. Es más, en el auto, que ayer adelantó la edición digital de este diario, el magistrado critica de forma implícita la actitud del banco público al señalar que la liquidación de Coepa no aumentaría las posibilidades de que cobrara su crédito -la patronal debe 3,2 millones al IVF de la hipoteca de su centro de oficios-, y que la única diferencia sería «el cese de la actividad y la extinción de la entidad», lo que iría contra el espíritu de la Ley Concursal que, precisamente, lo que pretende es dar una nueva oportunidad a las empresas y las organizaciones con problemas.
«No puede sancionarse una solución satisfactoria de un interés particular de un solo acreedor, por muy relevante que sea su crédito, si la solución conservativa [es decir, el convenio propuesto] garantiza la satisfacción no sólo de este interés sino también de la totalidad de los acreedores», asegura el auto, que destaca el apoyo de los trabajadores a la propuesta planteada por Coepa. En otras palabras que, según el juez, el IVF cobrará igual, tanto si la patronal sigue, como si desaparece, al contrario que el resto de acreedores que lo tendrían más difícil con la liquidación.
El plan de viabilidad de Coepa propone una quita del 95% para la deuda ordinaria -unos 769.000 euros, de los que el 75% corresponden a cuotas impagadas a la patronal autonómica Cierval-, el pago de la hipoteca del centro de oficios con la «realización» -es decir, la venta- del inmueble y un plan de pagos a ocho años para el millón de euros que suponen las indemnizaciones y salarios impagados de los exempleados y el Fogasa.
«Conforme a las normas»
El IVF, a través de la abogacía de la Generalitat, decidió recurrir la admisión a trámite del plan al considerar que en la práctica equivalía a un convenio liquidatorio -prohibido por la ley- ya que preveía la venta del principal activo, el centro de oficios, y los acreedores ordinarios iban a recibir una cantidad muy exigua. Además, también consideraba ilegal la propuesta para satisfacer la hipoteca ya que, a su juicio, se trata de una dación en pago encubierta al no incluir ninguna oferta de un posible comprador interesado en quedarse con el edificio.
Sin embargo, el juez tumba todos los argumentos del organismo público y señala que la ley lo que prohíbe es vender todo el patrimonio de una empresa u organismo en concurso, si esto impide su continuidad. En el caso de Coepa, por el contrario, es esta venta y la quita lo que garantizan que pueda seguir su actividad. Igualmente, también destaca que la propuesta de vender el activo -o, en el caso de no encontrar comprador, la ejecución del crédito para cobrar la deuda- es lo que prevé la ley para estos casos: «A priori, no puede afirmarse que no esté garantizado el cobro del crédito del IVF, que en el fondo es lo que parece traslucir el recurso de reposición, sino que su cobro se hará conforme a las normas establecidas», señala el auto.
El presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, mostró ayer su satisfacción por la decisión judicial y lamentó «el tiempo que ha hecho perder la negativa del IVF a aceptar una dación en pago y, ahora , a la ejecución de la hipoteca». Al banco público aún le quedaría la posibilidad de recurrir la sentencia de aprobación del convenio -si es que la junta de acreedores respalda finalmente el plan el próximo día 11- aunque, según las fuentes jurídicas consultadas, rara vez prosperan estos recursos una vez que el juzgado de lo mercantil da su visto bueno a un plan de viabilidad. En cualquier caso, Coepa aún tendrá la amenaza de la denuncia penal presentada por el Servef por un supuesto fraude en subvenciones
