Que digan a quienes quieren que cite a declarar. Es el mensaje que la magistrada Carmen Lamela ha hecho llegar a los colectivos de damnificados por la compra de cuotas participativas de la CAM que están personados en el proceso que la Audiencia Nacional acaba de obligar a reabrir por segunda vez.
La magistrada ha dictado esta providencia después de que haya tenido que retomar una investigación que ha cerrado en una ocasióny haya hecho oidos sordos a la decisión de investigar los hechos en otra.
Contra su criterio, un tribunal de la Audiencia Nacional ha considerado que es preciso recabar cuál fue la información real de que dispusieron los compradores, su perfil y el modo en que se vendió este producto. La sala apostó así por la práctica de las diligencias que permitan determinar si los compradores de estos productos complejos sabían en realidad lo que estaban adquiriendo y si se cometieron irregularidades en su comercialización aunque no las detectara la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las acusaciones tienen ahora que plantear qué testificales consideran necesarias para aclarar estos extremos, testimonios entre los que, sin duda, estará el del sindicalista del Sicam Manuel Navarro de cuya declaración ante el primer instructor, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, «se desprenden indicios de una posible comercialización delictiva de las cuotas entre minoristas y jubilados», según recoge el auto de la Audiencia.
Otras de las partes personadas apuntaron en su recurso contra el archivo de la causa la conveniencia de que se citara también a declarar a empleados de la caja para que aclaren cómo se vendieron estos títulos dado que, según precisan, muchos de estos trabajadores y sus familiares se vieron obligados a adquirirlos al haber incluso retribuciones que se hacían en estos productos en los que miles de clientes de la CAM invirtieron sus ahorros y sin valor alguno en la actualidad.
