Coepa ha logrado salvar el primer "match ball" al que se enfrentaba para superar el concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa. El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha rechazado de plano el recurso que había presentado el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la propuesta de convenio y el plan de viabilidad presentado por la patronal, que hubiera supuesto su liquidación de forma casi inmediata.

En un auto emitido esta mañana, el magistrado considera que la propuesta de Coepa se ajusta a la legalidad e incluso critica de forma implícita la actitud del banco público al señalar que dicha liquidación no le aportaría mayores posibilidades de cobrar su crédito -la patronal debe 3,2 millones al IVF de la hipoteca de su centro de oficios,- y que la única diferencia sería "el cese de la actividad y la extinción de la entidad concursada", lo que iría contra el espíritu de la Ley Concursal que, precisamente, quiere ofrecer posibilidades de continuidad a las organizaciones con problemas económicos.

"No puede sancionarse una solución satisfactoria de un interés particular de un solo acreedor, por muy relevante que sea su crédito, si la solución conservativa (es decir, el convenio propuesto) garantiza la satisfacción no sólo de este interés sino también de la totalidad de los acreedores", asegura el auto, que destaca el apoyo de los trabajadores a la solución planteada por Coepa.

El plan de viabilidad de Coepa propone una quita del 95% para la deuda ordinaria -unos 769.000 euros, de los que el 75% corresponden a cuotas impagadas a la patronal autonómica Cierval-, el pago de la hipoteca del centro de oficios con la "realización" -es decir, la venta- del centro de oficios y un plan de pagos a ocho años para el aproximadamente otro millón de euros que suponen las indemnizaciones y salarios impagados de los exempleados y el Fogasa.

Liquidación o continuidad

El IVF decidió recurrir al considerar que, en realidad, esta propuesta suponía un convenio liquidatorio -prohibido por la ley- ya que preveía la venta del principal activo, el centro de oficios, y los acreedores ordinarios iban a recibir una cantidad muy exigua. Además, también consideraba ilegal la propuesta para satisfacer su hipoteca ya que considera que es una dación en pago encubierta. Coepa, sus extrabajadores y hasta el administrador concursal se opusieron al escrito del Instituto Valenciano de Finanzas.

El juez rechaza de plano todos los argumentos del organismo público y señala que la ley lo que prohíbe es vender todo el patrimonio de una empresa u organismo en concurso, si esto impide su continuidad. En el caso de Coepa, por el contrario, es esta venta y la quita lo que garantizan que pueda seguir su actividad.

Igualmente, también destaca que la propuesta de vender el activo -o, en el caso de no encontrar comprador, la ejecución del crédito para cobrar la deuda- es lo que prevé la ley para estos casos: "A priori, no puede afirmarse que no esté garantizado el cobro del crédito del IVF, que en el fondo es lo que parece traslucir el recurso de reposición, sino que su cobro se hará conforme a las normas establecidas", señala el auto.

De esta forma, ahora sí, el futuro de Coepa está completamente en manos de lo que decida la junta directiva de Cierval, ya que de su voto afirmativo depende la aprobación del convenio. La patronal autonómica ha encargado un informe jurídico para ver qué tipo de responsabilidades y consecuencias tendría su apoyo a la propuesta de viabilidad y decidirá el próximo 9 de noviembre, sólo dos días antes de la junta de acreedores donde debe votarse el convenio, prevista para el 11 de noviembre.

No obstante, la patronal también tiene sobre su cabeza la denuncia penal que presentó el Servef por un supuesto fraude en las ayudas concedidas a la construcción del centro de oficios.