Más que justificados están para el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, los 600.000 euros que cobró de la entidad en apenas dos años, una remuneración por la que está acusado de apropiación indebida y administración desleal, delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción le reclama cuatro años de cárcel.
En su escrito de defensa, el empresario ilicitano no sólo justifica que una parte de estos emolumentos los percibiera con carácter retroactivo sino que considera lícito un salario (aunque se le quiso dar la apariencia de dietas, un término que no cita a lo largo del todo el escrito) que le convirtió en el primer presidente que cobraba de la entidad precisamente en los años en los que estaba inmersa en un declive que acabó con su extinción como caja de ahorros para, una vez saneada, ser vendida al Sabadell por el precio simbólico de un euro.
«Actividad profesional»
Tras explicar cómo la junta general de la participada Tinser cambió sus estatutos para crear un consejo de administración allí donde antes había un administrador único y colocar a Crespo al frente con una retribución de 300.000 euros anuales, quien ostenta el dudoso honor de ser el último presidente de la CAM mantiene que aunque su nombramiento se produjo el 9 de diciembre de 2009, él «había venido desarrollando su actividad profesional desde el mes de junio», con lo que trata de explicar los 150.000 euros que percibió con carácter retroactivo en el primer año.
Los abogados de Crespo agregan además que su nombramiento al frente de la participada «motivó» que tuviera que cesar como presidente de la confederación empresarial Coepa y de la Institución Ferial Alicantina (IFA), donde no consta que percibiera remuneración alguna, «debido al conflicto de intereses que podría derivarse de su actividad en Tinser».
Los letrados apuntan también a que Crespo ostentó la presidencia del consejo de administración de la CAM para precisar que dicho cargo, de acuerdo con los estatutos de la caja, era honorífico, gratuito y no exclusivo, «por lo que no llevaba aparejada incompatibilidad alguna para el desempeño de otras actividades profesionales remuneradas». Es decir, que el cargo al frente de la CAM «no generaba incompatibilidad alguna para que D. Modesto Crespo pudiera ostentar el cargo de presidente ejecutivo y remunerado de Tinser», sostienen sus letrados.
Frente a esta interpretación, el fiscal ha defendido a lo largo de todo el proceso que con el nombramiento del empresario de Elche al frente de Tinser se buscó en realidad conseguirle una retribución que no podía tener en el consejo de administración de la caja.
Para apuntalar esta teoría, la acusación pública se apoya en gran medida en la declaración del responsable de Tinser hasta que llegó Crespo, un empleado de la caja encargado entre otras tareas de la gestión de la mercantil con quien aseguró que apenas se reunió Crespo tras ser nombrado presidente del consejo.
Estas decisiones han arrastrado también hasta el banquillo de los acusados al exdirector general Roberto López Abad y a todos los miembros de consejo de administración de la caja que dio luz verde al nombramiento de Crespo y al cobro de los 300.000 euros anuales. Unos consejeros que, en su mayoría, han venido aduciendo que a aquel consejo únicamente se llevó la designación como presidente de Tinser pero no que fuera a cobrar nada por ello.
El ministerio público considera a López Abad «inductor y cooperador necesario» para que Crespo pudiera embolsarse esos 600.000 euros sin que hiciera nada a cambio mientras que acusa a los consejeros de un delito de apropiación indebida en concepto de autor. Para el exdirector general reclama cuatro años de prisión, igual que para Crespo, tres años para los miembros de la comisión de retribuciones y dos para el resto de los consejeros.
