La recaudación por sucesiones, donaciones y transmisiones ha aumentado en 24 millones, lo que supone casi un 3% más hasta septiembre. Según la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, "la mejora económica y la mayor eficacia en la lucha contra el fraude se están traduciendo en un aumento de los ingresos de la Generalitat por la vía de la recaudación tributaria".

Ferrando ha indicado que, tal como se desprende del análisis de la evolución de ingresos que ha realizado el Instituto Valenciano de Administración Tributaria, por lo que respecta al impuesto de Sucesiones y Donaciones y al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, dos tributos cedidos que gestiona la Conselleria de Hacienda, durante los tres primeros trimestres de 2016 el aumento en las autoliquidaciones ha crecido un 2,96% respecto al mismo período del año anterior, lo que supone para las arcas públicas un aumento cercano a los 24 millones de euros, según informa Europa Press.

En concreto, si entre enero y septiembre de 2015 se ingresaron por este concepto 800,6 millones de euros, este año el total por este concepto se situó en 824,3 millones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Impuesto sobre el Patrimonio

Por otra parte, se comprueba que los ingresos derivados de la tributación por el impuesto sobre el Patrimonio muestran un incremento del 4,06% de los derechos reconocidos, lo que supone alrededor de cuatro millones más con respecto al ejercicio anterior.

En conjunto, las autoliquidaciones realizadas han supuesto unos derechos por el impuesto de Patrimonio de 111,7 millones de euros, frente a los 107,3 millones del año anterior. Por lo que respecta al número de contribuyentes que presentaron autoliquidación, cabe destacar que se pasó de 18.938 de la campaña anterior a 19.575.

En este sentido, Clara Ferrando, ha afirmado que "la Generalitat Valenciana tiene unos recursos muy limitados por un sistema de financiación autonómico que asfixia nuestras cuentas públicas, por eso los valencianos sabemos que debemos extremar la eficacia en el gasto y también en la recaudación de los impuestos propios y cedidos. Sólo si todos pagamos lo que debemos podremos reducir la presión fiscal, por eso una de las prioridades de este departamento es mejorar la lucha contra el fraude fiscal".

Lucha contra el fraude fiscal

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha retomado las actuaciones contra el fraude fiscal sobre los protocolos de compraventa, donación o herencias no tributadas en el cuarto trimestre de 2012. Se trata de la segunda oleada de inspecciones iniciada por el IVAT contra el fraude en este tipo de transacciones en las que colaboran las Oficinas Liquidadoras con mucho éxito hasta el momento, según la Conselleria.

En el primer cruce de datos entre la Administración y las notarías realizado sobre los movimientos del tercer trimestre de 2012, se detectaron 551 evasores fiscales y se afloraron 2,12 millones de euros.

El Plan de Actuaciones sobre Protocolos no autoliquidados (PAPNA) que lleva a cabo la Conselleria de Hacienda empezó las inspecciones sobre expediente del tercer trimestre de 2012, dado que los delitos fiscales prescriben a los cuatro años. Ahora se va a continuar rastreando defraudadores desde 2013 hasta el presente ejercicio.

Como ha explicado la secretaria autonómica, "durante la legislatura anterior se dejaron perder millones de euros que nunca llegaron a las arcas valencianas porque no se perseguía el fraude. Ahora estamos mejorando la eficacia de la gestión y la colaboración entre distintas administraciones en las inspecciones".

"Queremos dejar claro que en la Comunidad Valenciana ya no vamos a cerrar los ojos ante el fraude o la corrupción. El ciudadano debe saber que con los impuestos se pagan los servicios públicos, que defraudar es robar y que la Administración vigila para que defraudar no compense", ha resaltado.

Fraudes de 1.200 euros de media

Atendiendo a los datos recogidos hasta el momento, y en base a los defraudadores detectadados, la cifra media de fraude ascendería a 1.200 euros. Tras detectarse, se remite un requerimiento de Hacienda por el que se les obliga a pagar la cantidad defraudada, a la que se suma un recargo del 50% en concepto de sanción y otro recargo del 25% por perjuicio económico.

En total, el defraudador acaba desembolsando un 75% más de lo que deberían haber pagado en su momento. En cualquier caso los defraudadores pueden ver reducida la penalización en un 30% si expresan conformidad y en un 25% si realizan el ingreso sin presentar recurso.