A golpe de talonario. Así es como los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó están esquivando la cárcel en los tres procesos penales en los que hasta ahora se han enfrentado a esta medida. A los quince millones que, en total, los hoteleros tuvieron que abonar para eludir las dos prisiones provisionales acordada por el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los negocios que montaron con la CAM y con Bancaja en el Caribe (proceso que se encuentran en la actualidad en fase de instrucción), se suman ahora los 2,5 millones con los que han saldado un procedimiento en el que las acusaciones les reclamaban esa cantidad, además de tres años de cárcel, por un delito de fraude en la venta de conservera murciana Cofrutos.
El fiscal sostenía que Ferri, Baldó (que tenían entre los dos el 40% de la mercantil) y sus socios utilizaron una sociedad interpuesta en Holanda para ocultar el verdadero beneficio que obtuvieron con la venta de la mercantil. Para ello, primero vendieron las acciones de Cofrutos por 4,5 millones a una sociedad española, Arpe Comercial, que fue lo que se declaró a la Hacienda española. Apenas dos días después, esta firma se encargó de revender los títulos a la sociedad holandesa Forton BV por 14,6 millones de euros que, a su vez, la transmitió por la misma cantidad a sus compradores definitivos.
De esta forma, se ocultaron al fisco dos tercios del valor real obtenido. Por si esto fuera poco, Ferri y Baldó decidieron simular pérdidas de 900.000 euros en otra de sus empresas vinculadas para compensar las ganancias declaradas. De esta forma, Ferri sólo tuvo que pagar 10.900 euros en su declaración de la Renta de 1992 mientras que Baldó abonó 44.435 cuando, según los cálculos del acusador, ambos deberían haber pagado una cantidad cercana a los 1,3 millones.
El lunes, en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia los acusados (además de los dos empresarios se sentaron en el banquillo cuatro de sus otrora socios) admitieron todos los hechos como paso previo al acuerdo al que llegaron con el fiscal y con la Abogacía del Estado. Eso después de que la semana pasada ingresaran los 3,4 millones que, en total, les reclamaban las acusaciones para hacer frente a la responsabilidad civil. De los 3,4 millones, los empresarios de Benidorm han tenido que hacer frente a 2,5. El acuerdo alcanzado, que conlleva también una multa de 601 euro para cada uno, ha llevado a retirar la petición de tres años de prisión que reclamaban las acusaciones.
Dilaciones indebidas
En el resultado final del proceso ha tenido su peso específico el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos (la venta de la conservera se produjo en 1993), unas dilaciones admitidas y no imputables a los acusados que han permitido una rebaja de la pena en dos grados. Además de tenerse en cuenta una sentencia de 2001 de la Audiencia de Barcelona, ratificada por el Supremo dos años después, por la que se condenó a otros dos socios de Cofrutos a un año de prisión. Una resolución en la que se ha apoyado la defensa de los hoteleros para argumentar que no se le pueda exigir a sus clientes que abonen a Hacienda los intereses generados de su deuda desde 2001, que superarían los cuatro millones. Este fue el aspecto que más controversia provocó durante la vista y sobre el único que, una vez alcanzada la conformidad, tiene que pronunciarse el tribunal.
