¿Hay margen de maniobra para actuar sobre las normativas laborales de los Estados, porque parece que están muy sujetas a las directrices comunitarias?
En materia laboral no es así. Pero hemos tenido un Gobierno al que le ha convenido mucho la actuación de la UE en materia laboral. Europa nos ha dado muchas pautas y el Ejecutivo ha sido muy entusiasta a la hora de aplicarlas. Creo que es importante recuperar el concepto de competencia y afirmar que es el Estado el que tiene las competencias para cuestiones salariales, de negociación colectiva o sindicales y lo recoge el Tratado de la Unión Europea. La UE está utilizando otros mecanismos de gobernanza sobre cómo actuar en ámbitos económicos que no le competen y donde la ciudadanía tiene el derecho a intervenir. El artículo 23 de la Constitución habla del derecho a participar y éste no puede ser "cortapisado" por la Unión por más que estemos en una situación de crisis.
¿Cuál cree, entonces, que es la salud del derecho laboral en España?
Muy mala. Nuestro derecho laboral está en fase terminal. Se lleva tiempo intentando convertir el Derecho del Trabajo en el derecho del empleo, enfocándolo más en una gestión empresarial de la mano de obra, que en una herramienta para intentar equilibrar la posición de empresarios y trabajadores en una relación de trabajo, que era la esencia del derecho laboral. La reforma de 2012 fue la sentencia de muerte de la relación laboral tradicional para iniciar un cambio de modelo hacia la precarización en el que la devaluación de la mano de obra es un factor para atraer el comercio y la inversión extranjera. ¿Qué podemos hacer? Es importante fomentar la acción sindical y fomentar la conciencia de la ciudadanía sobre importancia del trabajo, como parte muy fundamental de nuestra vida. Hay que repensar el trabajo. Hay trabajos como los relacionados con el cuidado a los otros o al medioambiente y quien tiene que impulsarlos es el sector público.
