22 de octubre de 2016
Profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia 

Adoración Guamán: «El acuerdo de la UE con Canadá afectaría a las D.O. españolas»

La experta participó ayer en las Jornadas jurídicas que anualmente organizan en Alicante CC OO y el CGPJ

24.10.2016 | 10:15
Adoración Guamán, ayer, en la sede de CC OO donde se celebraron las Jornadas jurídicas.

Guamán habló de efectos laborales y cláusulas sociales en los Tratados de Libre Comercio, sobre los que tiene escritos varias publicaciones.

¿Qué impacto laboral pueden tener acuerdos de libre comercio que firme la UE como el CETA, con Canadá ?que está en pleno debate sobre su firma? o el TTIP, con Estados Unidos?
Todos los tratados de libre comercio tienen impacto a nivel de empleo y en los derechos laborales, porque lo que configuran es una zona donde las empresas pueden circular libremente y utilizar como estrategia para mejorar sus beneficios colocarse en territorios donde los derechos podrían ser más reducidos. Al hacer esto provocan una competencia entre los Estados para reducir estándares laborales, que es lo que se llama, «carrera a la baja». El CETA y el TTIP tienen potencialmente impacto tanto cuantitativo como cualitativo. Y esto ha sido discutido en informes de la Comisión. Hay muchos académicos que afirman que afectaría a las pymes porque va a dar entrada a empresas más grandes y más fuertes canadienses o estadounidenses que van a ocupar un espacio, el tradicional de las pymes europeas, y también afectaría a las denominaciones de origen. En definitiva, reduciría el ámbito de actuación ordinario de las pequeñas empresas, y va a afectar al empleo. Puede generar desempleo. El TTIP y el CETA, además, introducen mecanismos que por diversas vías pueden impactar sobre la contratación pública. Endurecen la posibilidad de introducir cláusulas sociales en este tipo de contratación.

¿Cómo afectaría el CETA a las denominaciones de origen?
Se restringen mucho. En Canadá y en EE UU no se reconoce este término como tal, sino el de marca, que no es lo mismo. Para nosotros, la denominación va más allá. En España, además de una marca, es una tradición, una cultura, un modo de vida. La gran mayoría de los vinos sí se reconocen en el tratado, pero otras no. En el CETA ha entrado una lista muy reducida, únicamente hay 27 denominaciones españolas, entre las que se encuentran las del Turrón de Jijona y de Alicante y los cítricos valencianos, en el ámbito de la Comunidad. Eso quiere decir que podríamos encontrarnos con productos valencianos con denominación de origen, a excepción de los incluidos, que estén hechos en Canadá.

¿Pero podrá perseguirse?
No, porque no hay obligación de respetar ese nombre.

Entonces, en el escenario que describe, parece que no habría posibilidad para corregir algunos puntos del acuerdo.
El CETA incluye un margen de maniobra para corregir, pero mucho me temo que a su favor, porque es un acuerdo vivo. Hay previstos siete comités específicos y uno mixto, que en cada uno de los sectores se les reconoce una serie de poderes. El problema es que estamos generando un acuerdo que está vivo, que va a actuar por su cuenta, una vez aprobado, y sobre el que vamos a dejar de tener control. El Tribunal Constitucional ya ha advertido a este respecto. Jurídicamente es imposible dar plenos poderes a una comisión de ese tratado para modificarlo. Va en contra de la seguridad jurídica.

¿Existe la posibilidad de recursos?
La batalla sigue. De momento hay una acción política y otra jurídica. A nivel político, Valonia ha dicho que no, y eso obliga a Bélgica a decir también que no. Estos días se aborda, precisamente, en Bruselas este asunto. Cabe la posibilidad de que si Valonia resiste y Bélgica no firma, anime en el mismo sentido a otros Estados que han estado reticentes y presionados. En la cuestión jurídica, el Tribunal Constitucional alemán también plantea unos límites. Dice que Alemania no puede firmar cualquier cosa porque la firma del CETA, tal y como está ahora, implicaría una contravención de la tradición constitucional germana. Asimismo, hay un grupo de juristas trabajando sobre ello. Están en contacto con la secretaría internacional de Podemos y de los grupos de la izquierda en el Parlamento Europeo. Existe la voluntad de explorar todas las acciones jurídicas posibles en el Estado español.

Se ha publicado que un Gobierno en funciones no puede autorizar la firma provisional del acuerdo. ¿Sería así?
El Consejo de Ministros del viernes pasado, día 14 de octubre, aprobó la firma del CETA, así como otro acuerdo estratégico con Canadá que está negociándose de manera opaca. No se está dando información. Es un acuerdo muy laxo sobre derechos humanos, entre otros aspectos, pero también incluye un anexo que hace referencia al CETA. El Consejo de Ministros aprobó la autorización de la firma, por lo que se entiende que España da luz verde a que el Consejo Europeo lo suscriba y prosiga el proceso de ratificación, lo cual es un acto muy importante que no entraría dentro de las competencias en funciones de un Gobierno. Estas deben limitarse a la gestión de asuntos normales para no paralizar el país. Pero no se puede tomar decisiones que comprometan al Ejecutivo futuro, salvo en caso de urgente necesidad y no parece que éste sea el caso.

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