El Tribunal Constitucional (TC) ha eximido a UGT de tener que devolver 151 millones que ofreció el Gobierno de Rodríguez Zapatero a la organización entonces dirigida por Cándido Méndez, en 2005, tal como pretendía el recurso interpuesto en su día por 80 diputados del PP y por CC OO. El Ejecutivo socialista atribuyó esa ayuda, que también incluyó la cesión de 26 inmuebles en diferentes localidades de España, «con la devolución del patrimonio incautado por el régimen franquista» a UGT. La central que entonces dirigía Méndez destinó aquel montante económico a saldar la deuda que tenía con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entonces presidido por Aurelio Martínez, actual máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Valencia. Aquel pasivo se generó tras el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV y que acabó en bancarrota. Esa inyección de capital fue clave para evitar la insolvencia de UGT debido a las dificultades financieras que atravesaba.
La sentencia 125/2016 del TC, de 7 de julio de 2016, se publica diez años después del recurso de un grupo de diputados del PP -y de cuyo procedimiento se retiró finalmente CC OO- contra el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, que modificó la cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado del Estado. Según fuentes jurídicas, contrasta la lentitud del TC en dictar el fallo de este recurso interpuesto contra un Real Decreto que aprobó el Ministerio de Trabajo,entonces gobernado por Valeriano Gómez, quien fue administrador único de la cooperativa PSV.
