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A Coepa se le acaban las salidas

La viabilidad de la patronal alicantina depende de que el juez rechace el recurso que el IVF ha presentado contra su convenio de acreedores y de que Cierval acepte la quita del 95% que le ha propuesto

A pesar de todo el trabajo realizado en los últimos meses, el futuro de la patronal alicantina Coepa sigue pendiendo de un hilo o, mejor dicho, de dos. Por un lado, a partir de la próxima semana el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante debe decidir si estima o rechaza el recurso que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha presentado contra el convenio de acreedores propuesto por la organización al considerar que no se ajusta a derecho. Y, por otro, el próximo martes será la autonómica Cierval la que vote en su comité ejecutivo si acepta o no la quita del 95% que plantea ese mismo convenio.

Un revés en cualquiera de los dos ámbitos abocaría a la patronal alicantina a la liquidación y dejaría al empresariado provincial sin representación oficial, al menos hasta que pudiera ponerse en marcha una nueva organización, lo que tampoco parece sencillo a pesar de que el pasado verano se iniciaran algunas negociaciones entre patronales sectoriales en este sentido.

El plan diseñado por el equipo de Francisco Gómez para salvar la patronal -que ya ha recibido el visto bueno del administrador concursal, con alguna reserva- propone tres soluciones distintas según la calificación de la deuda. Por un lado, para la deuda ordinaria, que suma unos 769.000 euros, se plantea la firma de un convenio con un 95% de quita y el pago a seis meses del otro 5%. El 75% de esta deuda está en manos de Cierval y, por tanto, su aceptación depende de lo que decida el comité de la próxima semana. Toda una incógnita si se tiene en cuenta que la propia organización autonómica podría verse obligada a solicitar el concurso si se frustra el plan de su presidente, José Vicente González, para fusionar su estructura con la provincial de Valencia, la CEV, la única con riñón para salvarla y que no parece dispuesta a arriesgarse.

De hecho, el informe que encargó la patronal valenciana para estudiar esta fusión desaconseja por completo la operación, tal y como hoy analizará su comité ejecutivo, informa J. Cuenca.

Plan de pagos

Por otra parte, el plan de viabilidad que acompaña a la propuesta de convenio prevé pagar en un plazo de hasta ocho años la deuda privilegiada y los créditos contra la masa, que suman alrededor de un millón de euros y que son las indemnizaciones que se le deben a los antiguos trabajadores y al Fondo de Garantía Salarial, el organismo que paga los sueldos y despidos cuando las empresas se declaran en quiebra.

Por último, el plan contempla el pago de los 3,2 millones de deuda con privilegio especial -es decir, la hipoteca del centro de oficios que Coepa le debe al IVF- con la «realización del activo». Es decir, con la venta del edificio que, según recuerda el documento, está tasado por una entidad homologada en 4,4 millones de euros, muy por encima de la deuda con el organismo público.

Y aquí es donde no está de acuerdo el IVF, que entiende que en el fondo lo que se plantea es una dación en pago encubierta, algo a lo que siempre se ha negado. Así, el organismo dirigido por Manuel Illueca, a través de la Abogacía de la Generalitat, ha presentado un recurso de reposición contra la admisión a trámite del convenio y el plan de viabilidad de Coepa. Por una parte, porque considera que se trata de un «convenio liquidatorio» ya que la escasa cuantía que cobrarán los acreedores «se acerca más al resultado de los concursos que acaban en liquidación, que al de los concursos aprobados para empresas viables», y asegura que la ley «prohíbe este tipo de convenios».

Recuperar el dinero

Por otro lado, señala que la propuesta para pagar la hipoteca no incluye «ninguna oferta» que permita prever que, efectivamente, se podrá vender el edificio. Por eso considera que lo que se plantea realmente es una dación en pago, que debería tramitarse por otra vía. Por este motivo pide la inadmisión del convenio. Desde el IVF aseguran que no piden «la liquidación de Coepa» pero defienden que no pueden aceptar la solución planteada porque tienen la obligación «de recuperar el máximo de dinero posible».

De momento, el juez ha dado trámite al recurso y ha establecido de plazo hasta el próximo viernes para que el resto de afectados se pronuncien. El primero en hacerlo ha sido el propio administrador concursal, Luis Fernando Alonso Saura, quien rechaza de plano los argumentos del IVF. Así, niega que se trate de un convenio liquidatorio puesto que su principal fin es que se mantenga la actividad, y señala que la legislación no obliga a presentar ninguna oferta cuando se prevé la realización del activo. Además, le recuerda que, una vez aprobado el convenio, tendrá que ejecutar necesariamente la hipoteca, por lo que no habrá dación que, a su juicio, tampoco sería ilegal.

Igualmente, la propia Coepa también prepara ya su respuesta al IVF a través del despacho de Garrigues. Entre los empresarios no ha sentado nada bien la decisión del organismo público y consideran que la Generalitat está en «una operación de acoso y derribo» de la patronal alicantina para crear una estructura más afín a sus intereses. Así entienden también la denuncia penal interpuesta por el Servef contra la organización o el expediente exigiendo la devolución de unos dos millones en subvenciones. Además, sostienen que la actitud del IVF carece de sentido ya que si la patronal va a liquidación, el banco de la Generalitat acabaría quedándose igualmente el edificio e, incluso, acabaría recuperando una cantidad menor, ya que con el convenio el importe del crédito que quede sin cubrir con la ejecución de hipoteca pasaría a ser deuda ordinaria exigible.

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