Asfixiada por su elevado endeudamiento, intoxicada por cientos de activos inmobiliarios adjudicados y prácticamente sin actividad financiera por la desconfianza de los bancos protectores, el Banco de España pensaba que la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) de la Comunidad Valenciana tenía los días contados. El supervisor se lo dejó muy claro a su presidente y director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca: «¿Cuándo la liquidamos: ahora o en 2018?», el año en que vencía el aval de 200 millones concedido por la Generalitat en 2013 para tratar de reflotar una sociedad ya por entonces mortecina.
La conselleria de Hacienda había recibido una herencia envenenada. Y es que la solución acordada con la banca por este departamento durante la etapa del popular Juan Carlos Moragues había salvado temporalmente a la SGR, pero había comprometido a futuro recursos de la Generalitat con la expectativa de un plan de negocio que apuntalara su recuperación.
La cuestión es que Illueca se encontró con que tenía comprometidos unos 400 millones de euros, incluidos 60 en capital y los 200 del citado aval. La tesitura era liquidarlo con elevados costes -la Generalitat, los bancos que son socios protectores y las miles de pymes que están asociadas a la SGR por haber obtenido un aval y perder este instrumento financiero para el que no habría sustituto a corto o medio plazo o pagar la factura con fondos públicos y contar con una sociedad capaz de mejorar el acceso de las pymes a la financiación. Illueca optó por lo segundo.
