El convenio de acreedores presentado por Coepa ya cuenta con el visto bueno del administrador concursal, que ayer remitió al juzgado su informe favorable a la propuesta de la patronal para evitar su liquidación aunque, eso sí, con algunas reservas, como suele ser habitual en estos casos. En concreto, el abogado Luis Fernando Alonso Saura señala en su escrito la incertidumbre que existe sobre los ingresos que ha presupuestado la organización -que incluyen, por ejemplo, el cobro de más de un millón de euros en subvenciones en los ochos años de vigencia de su plan de viabilidad-; o el hecho de que aún no haya logrado cerrar un acuerdo con el Fogasa y los antiguos trabajadores sobre las cantidades que les debe y sobre las que no actuará la quita que se aplique a la deuda ordinaria.
En cualquier caso, el administrador considera en términos generales que los planteamientos de la patronal pueden conseguir que la organización sea viable, claro está, siempre que logre la aprobación de una mayoría de los acreedores -necesita un 65% de apoyos- durante la junta que debe celebrarse del próximo 11 de noviembre. Esto pasa, básicamente, por lograr el voto favorable de la patronal autonómica Cierval, que ostenta el 75% de los 771.000 euros de deuda ordinaria que arrastra la confederación alicantina.
No va a ser tarea fácil porque, como ya avanzó este diario, lo que plantea Coepa es una quita del 95% para esa deuda ordinaria -lo que rebajaría su importe a poco más de 38.000 euros- y un plan de pagos a ocho años para la deuda privilegiada, como la que ostentan el Fogasa o los antiguos empleados a los que aún se les debe parte de su indemnización, y que suma otros 960.000 euros.
IVF y Servef
Si Coepa consigue que Cierval acepte la propuesta habría recorrido buena parte del camino hacia su salvación, ya que esta quita del 95% también se aplicaría al resto de deudas que se formalizaran más tarde. En concreto, si la ejecución de la hipoteca del centro de oficios no cubre los 3,2 millones que la patronal debe al Instituto Valenciano de Finanzas, la organización sólo tendría que abonar el 5% de la diferencia, lo que supondría una cantidad manejable. Igualmente, si prospera el expediente que le ha abierto el Servef para reclamarle los dos millones de euros en ayudas que le concedió para la construcción de este mismo edificio, también se le aplicaría ese descuento del 95%. Otra cosa sería la denuncia penal que se ha presentado contra Coepa por la gestión de estos fondos que, de momento, no se contempla en el concurso.
No obstante, el administrador también pone de manifiesto lo que considera puntos débiles del plan. El primero, que suele ser habitual en todos los convenios, es la incertidumbre sobre cuáles serán los ingresos reales que tendrá Coepa en los próximos años. Por ejemplo, la patronal ha presupuestado un aumento de su número de asociados o la percepción de más de un millón de euros en subvenciones procedentes de la Ley de Participación Institucional del Consell durante los ocho años de vigencia de su plan, dos supuestos sobre los que no existe ninguna seguridad. Suele ser una reserva común en todos los convenios ya que, por ejemplo, las empresas también suelen incluir unas previsiones de facturación futuras que, lógicamente, no se pueden garantizar.
La segunda observación que realiza Luis Fernando Alonso Saura es sobre la deuda con el Fogasa y los trabajadores. Para que Coepa sea viable, necesita que el organismo público y los antiguos empleados acepten su plan de pagos a ocho años y, hasta la fecha, según destaca el administrador concursal, todavía no existe ningún acuerdo en firme al respecto, aunque se esté negociando. En cualquier caso, este acuerdo no es necesario para aprobar el convenio -que sólo depende de la voluntad de Cierval- aunque sí para garantizar que Coepa pueda tener viabilidad a futuro y no recaiga dentro de unos meses.
