Por ello, tanto el Consell como las Cortes Valencianas, decidieron, recientemente, celebrar un acto en Madrid, para reivindicar, también allí, una solución a tan grave problema. Y hay voces que se han alzado contra tal acto, con el argumento de que el problema es suficientemente conocido y que no hay que repetirlo tantas veces, sino que hay que resolverlo.
¿Se conoce realmente el problema? ¿Es el tema de la financiación «tan importante» como para estar «dando la matraca» sobre el mismo continuamente?
El actual sistema de financiación data de 2009 y está todavía vigente a pesar de que la ley por la que se aprobó señalaba que debía revisarse al quinto año de vida; esto es, en 2014. Todos los expertos que lo han evaluado, concluyen que de su aplicación se derivan importantes diferencias entre las comunidades autónomas, tanto en ingresos como en gastos, por habitante, siendo la Comunidad Valenciana, notoriamente, una de las más perjudicadas.
Se comprueba que existen dos problemas asociados a la financiación de las comunidades. Hay uno generalizado de insuficiencia (que los expertos denominan inequidad vertical): y que consiste en que el conjunto de los ingresos que reciben las comunidades autónomas no les permite atender adecuadamente las competencias que tienen encomendadas sin incurrir en déficit. Por otra, existe un problema derivado de la distribución de los recursos existentes entre las distintas comunidades, porque la misma no responde a las necesidades realmente existentes en cada una de ellas (es lo que los expertos denominan inequidad horizontal).
Hay quienes señalan, interesadamente, que el problema de la financiación de la Comunidad Valenciana procede del sistema de financiación que se aprobó bajo el gobierno de Zapatero. Sin duda, dicho sistema conduce a insuficiencia e inequidad; pero no conviene olvidar que el mismo supuso una mejora en la financiación preexistente, procedente de la era de Aznar y, además, fue aprobado por el representante del gobierno valenciano en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Buscar culpables, ahora, no es el camino.
En 2016 hemos cumplido 33 años de las primeras elecciones autonómicas, para la elección de las Cortes Valencianas, después de la aprobación del Estatut en 1982. Lo triste es que durante todo este largo periodo, la Comunidad Valenciana ha estado infrafinanciada permanentemente.
Ello se debe, esencialmente, a que los diferentes modelos de financiación autonómica que se han ido aprobando -con independencia de los criterios en los que se haya basado la distribución de los recursos, que han ido cambiado a lo largo del tiempo- han priorizado el respeto a lo que se conoce como el statu quo, esto es, a la cantidad que estaba recibiendo cada comunidad con el modelo inmediatamente anterior, por lo que, inevitablemente, nos encontramos con que existe un gran peso de los criterios utilizados en el momento del traspaso de competencias, en base a lo que se conoce como el método del «coste efectivo».
Mientras se mantenga el statu quo no habrá forma de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de forma que los ingresos y los gastos per cápita se ajusten a las necesidades de la ciudadanía, salvo que se pusiera sobre la mesa una cantidad de dinero de la que no se dispone.
Para reformar el sistema, hay comunidades, como la valenciana, que defienden que el criterio esencial que debe alumbrar el nuevo es el de la población ajustada, mientras que hay otras -las que actualmente están sobre financiadas- que pretenden que tal criterio tenga menor peso. Parece obvio que la primera finalidad de la financiación, aunque no la única, es atender las necesidades de los ciudadanos, mediante la prestación de servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales); por tanto, es necesario que se tenga en cuenta, esencialmente, el número de ciudadanos a los que hay que atender y cuál es su estructura, atendiendo a diversas características que están asociadas al nivel gasto, como la edad.
En mi opinión, considerando que la infrafinanciación de la que hablamos supone mucho más de mil millones de euros al año, la Comunidad Valenciana todavía no se ha hecho «notar» lo suficiente: sólo lo habrá hecho cuando consiga que cambie el sistema de una forma justa, y precisamente por ello habrá que ser reiterativo, reclamándolo una y mil veces. Decía un buen profesor mío de historia económica que para enseñar bien las cosas, en ocasiones, hay que exagerar, y un método efectivo para ello es repetirlas muchas veces.
Es muy importante que no se resquebraje el altísimo consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Valencianas en torno a la propuesta que elaboró, en 2014, la comisión de expertos nombrada por el propio parlamento, ni en el fondo, ni en las formas; propuesta que también han hecho suya empresarios y sindicatos.
El informe asociado a la mencionada propuesta resalta cosas que son obvias, pero que no todo el mundo conoce, ni en la propia Comunidad Valenciana, no digamos allende nuestras tierras. «La grave situación financiera de la Generalitat Valenciana está teniendo repercusiones en el bienestar de los ciudadanos y la trayectoria de la economía valenciana». Y de ello se deriva que si no se corrige el sistema actual para eliminar sus debilidades, los ciudadanos de esta tierra no podrán disfrutar de las mismas oportunidades que existen en otros territorios españoles.
Un problema adicional es que la insuficiencia, como queda dicho, no es algo de ayer, sino que viene desde el origen de la autonomía. La Generalitat Valenciana presenta un mayor déficit que otras autonomías, cosa que no se cansa de resaltar al ministro de hacienda del gobierno central; lo que no dice es que el gasto por habitante, en esta comunidad, es menor que la media de gasto per cápita a nivel del conjunto. Por tanto, el déficit no se ha generado porque se gasta mucho, sino porque se ingresa poco --y no olvidemos que la parte sustancial de los ingresos procede de transferencias del Estado derivadas del sistema de financiación. En otras palabras, si queremos «levantar la cabeza», en términos financieros, no sólo hay que modificar el sistema para que sea, vertical y horizontalmente, más equitativo; además, deberán adoptarse medidas extraordinarias, como la condonación de una parte sustancial de la deuda actual, en la medida que, sólo la infrafinanciación del último decenio representa prácticamente la mitad de toda la deuda pública valenciana acumulada.
Sin mantener el altísimo nivel de consenso político y social alcanzado actualmente para reivindicar lo que nos corresponde, como ciudadanos iguales al resto, será imposible alcanzar tal objetivo. Así que, habrá que repetirlo, tots a una veu, una y otra vez, hasta que se consiga.
