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Caos fiscal

Una vez más, los impuestos, se quieren emplear como arma arrojadiza contra lo indeseable o como instrumento benefactor de los objetivos de política económica y social

Caos fiscal

Los fundamentos del sistema fiscal español vienen dictados por la Constitución española, que establece los principios rectores. Los jurídicos, sobretodo el de legalidad, y además, los principios de justicia que en el artículo 31.1, expresa que todos debemos contribuir, con equidad, según la capacidad de pago, en modo progresivo y sin confiscatoriedad.

La razón de ser de los impuestos radica en la obtención de ingresos para satisfacer las necesidades públicas, pero pueden contribuir también, a lograr otros objetivos, y así se expresa en la Ley General Tributaria (art.2.1), para favorecer el desarrollo, el empleo, redistribuir mejor la renta y la riqueza, mejorar las salud, etc. Asimismo, se deben tener en cuenta otros principios, como los económicos, neutralidad, suficiencia, flexibilidad, congruencia, los contables, etc. Porque como los impuestos son un mal necesario, se pretende que los sistemas fiscales de los países modernos sean justos, eficaces y eficientes, no solo en la letra de la ley, sino también en su aplicación y gestión.

Con tales premisas, los distintos tributos que configuran el sistema fiscal se imbrican y complementan entre sí, para gravar la capacidad de pago puesta de manifiesto en la renta ganada, la riqueza acumulada y el consumo. Son los tres índices de la capacidad contributiva, y sobre ellos, se debe plasmar el conjunto de los tributos. En ocasiones, pueden entrar en contradicción unos principios con otros Cuando esto ocurre, debe triunfar el principio de capacidad, que es el referente principal. Por ejemplo, todos debemos contribuir, pero como hay personas cuya renta es tan escasa que no alcanza el mínimo de subsistencia, se pueden y deben declarar exentos de pago a quienes no lleguen a ese nivel -principio de capacidad-. Y aunque todo el consumo se somete a gravamen, pese al principio de neutralidad impositiva, a los productos de primera necesidad se les exigen tipos inferiores en el IVA.

Como la Administración Pública es plural, y las necesidades del Estado, de las Autonomías y municipios han ido creciendo en demasía planteando situaciones graves de insuficiencia financiera, se han ido aumentando los tipos impositivos y procurando cada vez más tributos. Así que a la larga lista de tasas, contribuciones e impuestos generales y comunes, le han ido saliendo brotes que han convertido al sistema español en una maraña impositiva. Así ocurre que junto a los de la Renta (IRPF, No Residentes y Sociedades) y el IVA, las Comunidades Autónomas, que ya reciben una buena parte de la recaudación de los ingresos del Estado, según la LOFCA, han exigido, a su pesar, a dos de los impuestos cedidos (el del patrimonio y el de herencias y donaciones) y han elevado, con matices coyunturales, los tipos impositivos al sempiterno impuesto de transmisiones, el de actos jurídicos y el de operaciones societarias.

No siendo aún suficiente, por la gracia que les confiere su autonomía legislativa, las Comunidades, han ido aprobando una panoplia de impuestos extravagantes que en el conjunto nacional, ha alcanzado el centenar y que tienen apabullados a los ciudadanos, quienes cada día ponen en cuestión el principio de igualdad y se plantean un cambio de residencia que les procure un tratamiento menos agresivo que el que soportan en su propia comunidad; es lo que se llama el influjo de tributar por los pies, porque también la fiscalidad local, con sus impuestos decimonónicos y diversos tipos de gravamen, según el término municipal, se termina ahogando a los contribuyentes. Tal espectro fiscal exige al próximo Gobierno que regule y armonice semejante selva tributaria a la vez que, de una vez, afronte la aprobación de una nueva Ley de Financiación.

Para los contribuyentes tal entramado, no solo se lleva una parte sustancial de sus rentas, sino que, también, dificulta su conocimiento de tantas y tan complejas normas que les exigen pagar y que deben respetar y cumplir sin excusas, porque, sabido es, que no se puede alegar desconocimiento. Hay cosas, empero, que les rechinan, pues aun no siendo un principio escrito en nuestras normas, se reconoce que no debería haber doble imposición y menos aún sobre imposición. Lo que no ocurre en nuestro sistema; veámoslo.

Por ejemplo, las plusvalías inmobiliarias, tributan al Estado en el impuesto sobre la renta y también al municipio, y lo que es peor, incluso cuando la transmisión del inmueble ocasiona pérdidas, se debe de tributar porque la ley no entra en la realidad y sostiene que siempre hay una ganancia virtual. También se da con el consumo de ciertos productos perniciosos para la salud, como el tabaco y el alcohol y, por ello, pese a estar gravados con el IVA, se le añaden los impuestos especiales, con la intención de favorecer la abstención. Así es que lo dañino se duplica para quienes no pueden o quieren salir de la adicción.

Pasa también con los muchos gravámenes que arracimados sobreelevan el precio que pagamos al repostar nuestros vehículos. En este caso, la finalidad es la de «castigar» el particular consumo y gasto público en carreteras, autovías, calles, etc., que provocamos con su uso, y ello pese a que ya sufrimos el IVA, y el impuesto municipal de vehículos anualmente, y el autonómico de matriculación: ¡viva la pluralidad!

Ahora llega la propuesta de la OMS para gravar las bebidas edulcoradas. Y la idea no es nueva, incluso algunos Gobiernos, como el francés, lo intentaron, con la oposición de las grandes multinacionales como Coca Cola y Pepsi que presionan a los países para que no se atrevan a amparar la idea bajo la pena de retirar las inversiones de sus territorios. Es en sí misma lógica, porque si por razones de salud se exigen más impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco, por qué no hacerlo sobre los productos que causan obesidad. Su recaudación se destinaría a resolver el preocupante problema actual y especialmente mórbido en los niños obesos o con sobrepeso, cuyo número, en los últimos quince años, ha aumentado en 11 millones.

Pero, visto desde la distancia, la jungla fiscal sigue y sigue creciendo, y luego vendrían nuevos impuestos sobre la comida basura, los helados, etc. Uno se pregunta, ¿no sería mejor, regular la composición de estas bebidas y comidas para impedir o reducir sus muy nocivos efectos sobre la salud? Claro que las fórmulas mágicas de composición se habrían de alterar, y a lo mejor gustan menos a los consumidores; pero, ¿no es menos cierto que las fórmulas de los impuestos, se han alterado también a lo largo de la historia, sin importar el gusto de los contribuyentes?...Pues hala, a cuidar la salud, y a eliminar adicciones: en las bebidas y comidas, pero también para controlar la incontinencia recaudatoria.

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