El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, presentó ayer el plan de ingeniería financiera para salvar la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), la entidad en que 9.000 empresarios se apoyan para lograr financiación bancaria mediante sus avales y que amenaza a las arcas autonómicas con un agujero de 390 millones. Será un rescate público, doloroso para la Hacienda, pero menor del que causaría la quiebra, que además dejaría a miles de pymes sin las aportaciones que realizaron para obtener los avales. El plan pasa por reducir la deuda de 390 a 90 millones y tener una SGR viable que vuelva a ser útil a las empresas.
Uno de los pilares del plan es que la Generalitat va a comprar una parte, la más tóxica, de la cartera de inmuebles que la SGR se había tenido que quedar por operaciones fracasadas. El Consell pagará 26 millones por unos activos tasados en unos 90 millones. Son 750 fincas en total. El Consell, según deslizó Illueca, no creará una Sareb valenciana ex novo, sino que se traspasarán los activos a una empresa del sector público. Será, casi con seguridad, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que gestiona suelo y viviendas públicas. Esos activos que se traspasarán formaban parte de la denominada Operación Citrus, que era la clave de bóveda para la salvación de la SGR. No obstante, el fondo internacional que optaba se quedó muy lejos de los 170 millones que el IVF pretendía ingresar. Ofreció 65 millones y solo por una parte de los activos, la de más fácil venta. De ahí que el IVF, se haya decantado por una solución alternativa, «porque iba directa a la liquidación». Además de los activos a traspasar, la sociedad avalista se quedará con los inmuebles adjudicados de más fácil venta y los usará como aval de una parte de la deuda con los grandes bancos (la senior).
