Varios exconsejeros señalan que el gobierno madrileño conocía las tarjetas «black»

En la séptima jornada del juicio, el exrepresentante de corporaciones municipales en el consejo de Caja Madrid Fernando Serrano Antón reveló que se enteró de la existencia de las tarjetas «por primera vez» en la Comunidad de Madrid, donde le aseguraron que era «una retribución», con límite de gasto. «Me repugna entrar en todos estos gastos», señaló a la sala que preside la juez Ángela Murillo, antes de exponer algunos de los cargos que no identifica, ya que o bien se computaron como viajes cuando se realizaron «en un asador de pollos de Mollet del Vallès» o porque se efectuaron fuera del horario comercial.

Asimismo, afirmó que si devolvió los 78.500 euros que se le imputaban fue por su «afán de colaboración con la justicia y por recomendación de mi familia, pero nunca por reconocer la responsabilidad porque entiendo que no he cometido ilícito alguno».

En el mismo sentido se manifestó Buenaventura Zabala, que recibió la tarjeta de manos del vicesecretario de Caja Madrid, Vicente Espinosa, que le corroboró lo que ya sabía por la Comunidad de Madrid, en concreto por parte de Enrique Ossorio, que fue viceconsejero del gobierno regional y es el actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. «Cuando me ofrecieron ser jefe de gabinete -de la consejería de Hacienda-, por un lado se me habló de cuales iban a ser mis retribuciones para ese cargo y, por otro, como representante en la Caja», apuntó.

Gastos necesarios

El exconsejero de Caja Madrid en representación de UGT Rafael Torres Posada, que también declaró ayer, afirmó, al contrario que el resto de imputados, que en ningún momento se le dijo que la tarjeta de la entidad era de libre disposición, sino exclusivamente para gastos «necesarios y relacionados con el desarrollo de su función». Torres Posada explicó que, cuando el entonces vicesecretario de la entidad, Vicente Espinosa, citado como testigo, le entregó la tarjeta le dejó claro que con ella podía pagar almuerzos, desplazamientos, vestuario, libros y otros gastos relacionados con su actividad. Francisco José Pérez, consejero en representación del PSOE y que fuera jefe de Gabinete de Rafael Simancas, también aseguró que se la entregó el vicesecretario general Espinosa, y que se trataba de una tarjeta «de libre disposición, para cualquier tipo de gastos», y con un límite de unos 25.000 euros, sobre la que nadie le pidió nunca justificante alguno.

Por su parte, el exdirectivo de Caja Madrid Mariano Pérez Claver reconoció la validez de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo excel aportada por Bankia, con lo que se convierte en el primer acusado que reconocerla. A preguntas de la defensa de los también acusados Alberto Recarte y Jesús Pedroche, el que fuera directivo de la caja ha enfatizado que "era legítimo gastar lo que quisiera puesto que era mi dinero", y exclamó ante la sala «¡pero cómo me iban a pedir justificantes si eso vulnera la ley de protección de datos!».