Las acusaciones formuladas por el Servef contra Coepa pueden suponer importantes penas para los responsables de la patronal en caso de ser encontrados culpables de las mismas tras la investigación judicial. El delito más grave sería el de fraude en subvenciones públicas, que puede acarrear un castigo de entre uno y cinco años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. La insolvencia punible que también denuncia el organismo público a la patronal está penada con un mínimo de un año de cárcel y un máximo de cuatro; en el caso de la falsedad documenta son de uno a tres años de condena; y la estafa se castiga con entre seis meses y tres año de privación de libertad. Además, los condenados estarían obligados a responder con su patrimonio por el daño causado y Coepa podría ser condenada a disolverse, si no lo ha hecho antes.
d. navarro/ m. gallego
