El inicio de la recuperación económica está permitiendo que disminuya la morosidad en las comunidades de vecinos por el impago de cuotas, uno de los mayores problemas que ha tenido que soportar este sector durante el duro periodo de crisis, tras el pinchazo de la «burbuja» inmobiliaria. En el último año, la deuda de las comunidades cayó un 2,32% en España y un 2,4% en la provincia.
Este es el primer descenso desde que comenzó la etapa recesiva. No obstante, esta mejora no impide que el volumen de las cantidades pendientes de pago en las comunidades de vecinos aún sea elevado. En Alicante alcanza los 83 millones, de los que el 19,2% (16) se corresponde con débitos de cuotas por parte de los bancos que han solicitado la ejecución de inmuebles por el impago, fundamentalmente, de vecinos que no han podido hacer frente a la hipoteca, según los últimos datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España del año 2015. El balance revela que el descenso de la morosidad a nivel estatal sitúa ahora la deuda en 1.812 millones, frente a los 1.855 de un año antes.
«El problema va resolviéndose poco a poco, de forma lenta, pero no al ritmo que sería deseable», apunta Eliseo Mogica, presidente del Colegio de Administradores de Fincas en la provincia. ¿Por qué? Porque «aunque, por ejemplo, los bancos hayan reducido el tiempo en saldar sus deudas, el problema viene cuando hay fincas con varias viviendas ejecutadas. Esta situación impide a las comunidades funcionar con normalidad. No es soportable», advierte Mogica.
A nivel general, en España un 42,87% de las comunidades tienen vecinos morosos y en el 8,17% de los casos las entidades financieras tienen pagos pendientes. Una pregunta reiterada en muchas reuniones de propietarios es: «¿ha ingresado ya el banco las cuotas del 50 (piso ejecutado, en su caso, por una entidad financiera a causa del impago del préstamo)?» Y es que las cantidades pendientes por abonar suponen un serio desajuste en los presupuestos anuales de las fincas para afrontar pagos o cualquier tipo de reformas necesarias.
Aun así, los bancos también han ido reducido su morosidad. En la provincia ha bajado un 15,7% al pasar la deuda de los 19 millones del año 2014 a los 16 del pasado año. A nivel nacional, el recorte ha sido ligeramente inferior, al situarse en 15,3%.
Curiosamente, tanto la morosidad en las comunidades de vecinos de Alicante supone idéntica cifra (83 millones) que la registrada en Castilla y León, una autonomía que conforman, sin embargo, nueve provincias.
Además, Alicante también se asemeja a este territorio castellano en el volumen de la deuda de las entidades financieras con las comunidades. En Alicante asciende a 16 millones, mientras que en Castilla y León se sitúa en los 17.
En las fincas de propietarios la morosidad comenzó a hacer estragos mediada la crisis, hacia el año 2011, según explicaba Mogica. En el balance del siguiente año ya se reflejaba el aumento de los impagos de cuotas. Entonces, en la provincia la deuda alcanzaba los 70 millones, una cantidad que aumentó hasta los 81 en 2013 y escaló a los 85 en 2014, la cifra más elevada de los últimos años. Esta es una evolución similar a la registrada a nivel estatal, que cerró 2012 con 1.606 millones de impagos de cuotas en las fincas para subir a los 1.798 al año siguiente e incrementarse hasta los 1.855 en 2014.
Igualmente, en la Comunidad Valenciana el volumen de la morosidad se situó en el último año en los 201 millones. Después de tres ejercicios al alza, la deuda bajó un 2,5%. Según el balance general, la Comunidad se sitúa entre las que mayor descenso registró. Pero también, está entre las que lidera el volumen de impagos, al situarse la cuarta tras Andalucía (348 millones); Cataluña (282) y Madrid (246).
En la autonomía, al igual que en la provincia, el largo periodo de expansión del ladrillo trajo como consecuencia, con el ajuste, un elevado volumen de impagos de cuotas en los bloques de viviendas. «Pero también de familias desahuciadas que se quedaron sin casa», advierte Eliseo Mogica.
La provincia también es la cuarta provincia con mayor índice de morosidad en las comunidades de fincas.
