Será un juzgado alicantino el que se encargue de dilucidar si la patronal Coepa cometió algún delito en la gestión de las subvenciones que recibió para construir su centro de oficios. Según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el juzgado de Valencia en el que inicialmente recayó la denuncia presentada por el Servef ha decidido inhibirse en favor de los tribunales alicantinos, por lo que finalmente el caso ha recaído en el juzgado de Instrucción número 9 de la capital provincial.
De acuerdo con las mismas fuentes, su titular todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la denuncia.
Fue el pasado mes de agosto cuando el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) decidió llevar ante los tribunales a la patronal alicantina al considerar que podría haber cometido, entre otros, los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible. Todo ello en relación a las ayudas que recibió para construir su centro de oficios y simulador de riesgos laborales, un proyecto que también le ha obligado a solicitar el concurso de acreedores al no poder afrontar la hipoteca del inmueble.
El organismo público sostiene en el escrito remitido al juzgado que Coepa quebrantó la ley al recibir dos ayudas distintas para la misma finalidad -las subvenciones otorgadas por el Servef y la Dirección General de Trabajo, por un lado, y el crédito concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas, por el otro-, pero, además, denuncia que utilizó por duplicado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos de uno y otro lado; y lo que es peor, que los albaranes aportados no cubren la totalidad de todo el dinero recibido.
En concreto, señala la querella, Coepa recibió 6,8 millones de euros de la Administración valenciana -hasta 3,8 millones en subvenciones y otros tres millones en forma de crédito del IVF- pero las facturas aportadas sólo suman 4,77 millones. Es decir, que existen dos millones de euros «cuyo destino se desconoce», según el texto de la denuncia.
Expediente de reintegro
Previamente a la presentación de esta denuncia, el Servef ya había abierto un expediente de reintegro de subvenciones para exigir la devolución de 1,9 millones en ayudas al considerar que la patronal no había cumplido una de las condiciones para su concesión. En concreto, la que exigía que se mantuviera la finalidad del centro -construido sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento- durante un periodo mínimo de diez años. Además, en el cruce de datos con el Instituto Valenciano de Finanzas descubrió que se había utilizado las mismas facturas para justificar el cobro de las subvenciones y la disposición de fondos del crédito concedido por este segundo organismo.
Por este motivo, Servef e IVF decidieron trasladar sus sospechas a la Intervención de la Generalitat para que decidiera si era procedente denunciarlo en la Fiscalía. Sin embargo, la entonces secretaria autonómica de Empleo, María José Mira, decidió no esperar al dictamen ante la posibilidad de que el Servef pudiera quedar fuera del concurso de Coepa, lo que le impediría recuperar el dinero.
Coepa niega las acusaciones
Desde la patronal alicantina niegan rotundamente las acusaciones y señalan que el desfase de dos millones de euros entre los fondos recibidos y las facturas aportadas se debe a que el Servef sólo ha sumado los albaranes presentados por la constructora principal del centro, CHM, y no ha contabilizado los del resto de la treintena de proveedores que también participó en el proyecto.
En cuanto al uso de las facturas, desde Coepa aseguran que en ningún caso se ha cobrado dos veces por el mismo trabajo y que, simplemente, se han usado las mismas facturas para dos expedientes distintos. Así, apuntan que el Servef exigía que los trabajos subvencionados se hubieran pagado con anterioridad para liberar las subvenciones, lo que se hacía con los fondos del crédito. Una vez cobradas las ayudas, el dinero se reponía.
