Un paso más cerca del banquillo se encuentra desde ayer el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, y siete exdirectivos de la caja, entre ellos los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, a quienes se les atribuye el falseo de las cuentas de la entidad, declarando beneficios cuando se arrastraban pérdidas, y haber asignado retribuciones al cuadro directivo más elevadas de a las que supuestamente tenían derecho. Unos hechos por los que se les piden penas que llegan hasta los 17 años de prisión (ver cuadro adjunto).
La magistrada Carmen Lamela dictó ayer el auto en el que da por concluida esta fase previa al juicio y traslada el procedimiento a la sección cuarta de la Audiencia Nacional, sala que lo enjuiciará y que en primer lugar ha de fijar la fecha en que tendrá lugar la vista oral, que podría celebrarse a lo largo del próximo año. Se trata de la denominada causa principal de las abiertas por la gestión de la CAM y la segunda que llega a juicio después de la de López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, un proceso del que ambos salieron absueltos y que en la actualidad se encuentra pendiente del recurso que las acusaciones particulares presentaron en el Supremo.
Además de Crespo y los dos exdirectores generales se sentarán en el banquillo los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. La instrucción judicial de este proceso, del que se han ido desgajando hasta seis causas, arrancó en el verano de 2012 de la mano del magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien prácticamente la dejó cerrada cuando se marchó a Francia como juez de enlace.
La Fiscalía Anticorrupción reclama las penas más elevadas para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez pero no ve responsabilidad penal en el caso de Crespo, para quien plantea el archivo de las actuaciones. Por contra, la Fundación CAM, acusación particular en este proceso junto al Fondo de Garantía de Depósitos, centra la responsabilidad de lo que denomina «expolio» de la caja en Crespo y en los dos últimos directores generales. Responsabilidad que el Fondo también extiende a Sogorb.
La instructora ha fijado una fianza de 25,6 millones de euros de la que serían responsables directos y con carácter solidario los acusados y la aseguradora Caser y los subsidiarios el Sabadell y la Fundación CAM, aunque la juez ha librado a esta última del ingresar el aval al haberlo hecho ya el banco catalán.
