Cuando han transcurrido casi tres años desde que comenzó la investigación judicial por los negocios que los empresarios Juan Ferri y José Baldó montaron con la CAM en el Caribe, y más de un año después de que a esta instrucción se sumara la abierta por los que pusieron en marcha con Bancaja también al otro lado del Atlántico, los hoteleros de Benidorm han pedido que se relajen las medidas cautelares impuestas por su imputación en estos procesos que, en los dos casos, les supuso su entrada en prisión: en una ocasión por apenas unas días y en la otra, durante cuatro meses.
El representante legal de los empresarios acaba de solicitar que se espacien las comparecencias de sus clientes en el juzgado, personaciones que inicialmente se fijaron diarias, que después pasaron a ser quincenales y que ahora reclaman que sean mensuales.
Un planteamiento sobre el que ahora tienen que pronunciarse los dos fiscales encargados de los procesos y sobre el que, una vez lo hagan, decidirá la magistrada Carmen Lamela, instructora en la actualidad de las dos causas. El principal obstáculo para sus pretensiones lo pueden encontrar en la representante de Anticorrupción en el proceso denominado Gran Coral, donde se indagan los negocios de los empresarios con Bancaja.
Además de las comparecencias periódicas, a los exsocios de las que fueran las dos principales cajas de la Comunidad se les impusieron más medidas cuartelares, entre ellas la retirada del pasaporte. Una decisión que a lo largo de esta instrucción judicial, que no deberían estar muy lejos de finalizar, se ha levantado puntualmente en varias ocasiones a petición de los empresarios, que han alegado la necesidad de viajar a México, donde se encuentra el grueso de sus negocios.
Los empresarios tienen bloqueados en la cuenta del juzgado 15 millones de euros: los tres que entre los dos tuvieron que pagar para eludir la prisión en el caso de la CAM y los 12 que abonaron para salir de prisión en el del Bancaja.
