«Hay muchas autonomías que han hecho o están haciendo lo contrario». Esta es la primera réplica que hacen empresas y sectores provinciales, con un alto componente de negocio familiar, a la reforma fiscal presentada recientemente por el Consell, que prevé la reducción de la exención del gravamen del 75% al 50% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones -o lo que es lo mismo, una subida del impuesto -. Este recorte en la bonificación es para los herederos mayores de 21 años, ascendientes y conyuge, mientras que se mantiene la exención anterior para los descendientes menores de 21 años.
La Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa) lamenta que en la Comunidad «vayamos en la dirección contraria al resto» porque la medida dificultaría la sucesión de empresas que superen los diez millones de facturación -límite del recorte- y, por tanto, su continuidad. Y teme que una vez que se apruebe en las Cortes esta reforma fiscal, «muchas pymes de la provincia puedan verse muy afectadas y desaparecer; y otras pueden cambiar su domicilio fiscal a otros territorios», indicó Francisco Gómez, presidente de Aefa, quien incidió en que tejido empresarial provincial está compuesto mayoritariamente por pymes y, además, de carácter familiar.
Empresas y sectores alicantinos consideran que la medida les grava más en uno de los momentos «más delicados» de las compañías como es el relevo generacional, «que es cuando se produce el mayor índice de mortandad de las mercantiles», añadía Francisco Gómez. El representante de Aefa, a la vez que presidente en funciones de la patronal alicantina Coepa, compara, en este caso, el tratamiento fiscal en otras comunidades como «Canarias o Madrid, donde la bonificación supera el 90%, porcentaje que se está también negociando en Murcia», apuntaba Gómez.
Una situación en el ámbito de la fiscalidad que «nos sitúa dentro del mismo país en desventaja con empresas de otras comunidades a la hora de la sucesión», advertía la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Calzado, (Avecal), Marián Cano. La representante del sector zapatero no se atreve a cuantificar la repercusión de la medida en forma de cierres o de la huida a otros territorios por parte de las compañías. No obstante, sí incidía en que determinados negocios con volumen de facturación «tendrán que hacer números a la hora del relevo generacional».
Necesidad de un marco estable
Cano considera que el proyecto del Consell no viene sino a dificultar las sucesiones en las empresas, «cuando en realidad lo que el tejido empresarial busca es «un marco estable en el que operar». Una circunstancia en la que incide Francisco Gómez, quien no comparte la idea de que otras autonomías sean «paraísos fiscales», como criticaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al referirse a Madrid por utilizar una política de bajos impuestos para captar inversiones de otras comunidades. Para el representante de Aefa, « de lo que se trata es de incentivar la economía».
Por su parte, el secretario general de la patronal metalúrgica de la provincia (Fempa), Luis Rodríguez, admite que la medida crea es «desaliento» en las mercantiles. Y aunque considera que «aún es pronto para evaluar el impacto», considera que la reducción de las exenciones no entra en sintonía con la necesidad de «incentivar e impulsar el desarrollo de las empresas que tienen el componente familiar, y que tienen un peso importante en la provincia».
Además, desde Fempa se lanza una pregunta. «¿Si al final, la reducción de la exención va a suponer una mayor recaudación tributaria o el efecto será el contrario: que haya una contracción y desmotive», añadía Rodríguez. También desde la industria del turrón provincial, de carácter muy familiar y muy localizada en Jijona, la rebaja de la exención «es un paso atrás» para las pymes «porque complica la sucesión. No es una política inteligente», apuntaba Federico Moncunill, secretario general del Consejo Regulador de Jijona.
En distintos sectores económicos de la Comunidad se cuantifica que el recorte de la bonificación del 75% al 50% podría suponer a las arcas del Consell unos 85 millones anuales, con los que se pretendería compensar la caída de la recaudación por el IRPF. La medida se aplicaría tras su aprobación en las Cortes y una vez que entre en vigor la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2017.
