Mientras los políticos viven sus inacabables desencuentros, más aún los del PSOE, que inmersos en su cisma no son capaces de ponerse de acuerdo, ni de reconocerse a sí mismos, la economía sigue creciendo, como apunta el Banco de España y muestran los datos del Producto Interior Bruto (PIB), quizá por inercia o porque los ciudadanos, hartos del gran teatro del mundo, siguen a lo suyo.
Pero la falta de Gobierno, impide legislar y tampoco ayuda a embridar el gasto público para evitar que la deuda pública y el déficit, sigan incontenibles causando el recelo de Bruselas, aunque saquemos pecho, creyendo que ancha es Castilla.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha ilustrado sobre la equivalencia de esa losa que es nuestra deuda pública, y que supera el PIB: para pagarla, cada español tendría que estar, una media de un año entero trabajando. Y como las deudas de las Comunidades son distintas, como también lo es su PIB, si un madrileño habría de trabajar 255 días, un vasco (264), un navarro (292), un andaluz (456) y un murciano (446), los valencianos, que en el pecado llevamos la penitencia, tendríamos que estar en el tajo 464 días. Ahí es nada.
Y como dicta la Ley de Murphy, puede seguir empeorando, porque la fórmula del reparto de los ingresos públicos es kafkiana, y lo reconocen hasta los expertos nombrados por el Gobierno central, que afirman que nuestra Comunidad es la peor tratada, la única contribuyente neta; o sea la única que siendo pobre, da más de lo que recibe. Ni por esas; nos siguen negando el pan y el agua, de la que no nos llega ni tan siquiera para un mísero riego por goteo y cuando les hablamos de la deuda histórica no contestan con el consabido, ¡que la pague Rita!.
La cruda realidad
Las diferencias de tan mala financiación hablan por sí solas: mientras que un vasco dispone de 4.170 euros, un cántabro (2.547), a un murciano sólo le llegan 1.880 euros y a un valenciano 1.824 euros. Y lo recibido por los alicantinos, si se analizase, sería todavía menor? pero no nos quejemos, porque desde Valencia nos acusan de victimismo, deben creer que hemos de morir con las botas puestas.
La Autoridad Fiscal a través de su Observatorio de la Deuda Pública, ha advertido de que no se logrará el objetivo de situar la deuda autonómica en el nivel comprometido del 13% del PIB en el año 2020, como está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino en el 2036, y como esto es una media, la Comunidad Valenciana no lo lograría hasta el año 2046, más tarde que Cataluña (2043), Murcia (2041), Baleares (2036) y mucho más tarde que en Canarias y el País Vasco (2020) o Andalucía (2028), entre otras.
Las cifras de la deuda hasta la fecha son atosigantes, y preocupan más porque el déficit público del conjunto de las Administraciones, salvo la municipal, ha seguido creciendo hasta julio, inclusive, alcanzando un aumento en los números rojos del 7,9% respecto al mismo tiempo del pasado año. A ello contribuye la caída de los ingresos tributarios por las rebajas aprobadas en 2015 y 2016 en el IRPF e Impuesto de Sociedades, además del gasto incontenible de la Administración General, y el déficit de la Seguridad Social que, pese al crecimiento de las cotizaciones sociales de un 3,2%, ha sido insuficiente para atender los mayores pagos de pensiones y otras prestaciones por el envejecimiento de la población.
¡A la carga!
Ante el alarmante descenso recaudatorio en el primer semestre en el Impuesto de Sociedades, con un desplome de casi el 50%, este viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que las empresas que facturen más de 10 millones de euros deben adelantar de sus beneficios, como pagos fraccionados en octubre y diciembre, el 23%, la Banca el 25%, en vez del anterior 12%, para así mejorar la recaudación en este año en 8.000 millones de euros. Con esta inyección dineraria se confía en que Bruselas nos mire con mejores ojos y así evitar la posible sanción. Nadie debería llamarse a engaño, porque no es una mayor carga fiscal sino una mayor adelanto que reducirá los ingresos de julio de 2017. Pero ese es otro año, así que «pan de hoy, hambre de mañana».
En mayo de 1986, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, declaró que el Impuesto sobre Sociedades era como un viaje a la nada, un salto en el vacío y que su intención era reformarlo para reducir los tipos nominales, y a cambio ampliar la base fiscal de recaudación. Quería vigilar la ocultación y el fraude, a la vez que revisar «la selva de, exenciones, bonificaciones y subvenciones» para evitar que fuese un instrumento fiscal inútil que nada aportaba sobre la realidad de cada empresa, lo que se enmarcaba en las intenciones de la Comunidad Europea, que era proclive a homogeneizar el impuesto.
La realidad actual nos muestra el fracaso. Los males del impuesto entre los Estados de la UE, todavía siguen vigentes y en muchos casos agravados ante los tipos impositivos tan reducidos que en países como Irlanda y Holanda, entre otros, se exigen y han atraído a las grandes multinacionales para cebar a sus Haciendas, porque con sus precios de transferencias y otras argucias fiscales reconducen el beneficio allí dejando sin recaudación a los demás, en los que también desarrollan sus negocios. Es de esperar que la nueva directiva procure información sobre las cifras de negocio de cada sociedad distribuida por países, lo que ya es un principio para resolver el entuerto.
La insuficiencia recaudatoria en nuestro país demuestra que la tesis sustentada con la curva de Laffer -que las rebajas de impuestos procuran mayores ingresos-, no se cumple más que en situaciones de crecimiento económico, como tantas veces hemos escrito. Porque si la recaudación por Sociedades va mal, la del IRPF, con sus últimas rebajas, ha dejado una recaudación hasta agosto de casi un 2% menos que el pasado año, sólo en el IVA, en el que no hubo rebajas, y en los Impuestos Especiales, por el aumento en la imposición sobre Hidrocarburos, han mejorado las cifras, aunque no compensen las pérdidas recaudatorias en los impuestos directos. Pero es que en años de elecciones, rebajas tributarias a montones.
Así las cosas, y con la espada de Bruselas sobre nuestras cabezas, seguimos sin Gobierno, un gran inconveniente para la adopción de medidas legales, sin las que el enfermo difícilmente podrá mejorar, pero al parecer eso no importa demasiado. Sea por fas o por nefas, seguimos esperando acuerdos, mientras a todos se les llena la boca diciendo que no quieren terceras elecciones y que lo más importante es España. Pero cuidado, son ya muy pocos los que todavía no se han caído del guindo.
