El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aseguró ayer en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas eran una modalidad de retribución a los consejeros y directivos conocida tanto dentro como fuera de la entidad y sobre las que ni el Banco de España ni Hacienda «nunca pusieron tacha alguna».

Blesa, que en la sesión del juicio en el que se le acusa de apropiación indebida sólo ha querido someterse a las preguntas del Ministerio Fiscal, del tribunal y de su defensa, tildó de «muy graves» las acusaciones y, en tono irónico, preguntó «cómo en 23 años hay alguien que pueda decir que se puede esconder esta práctica en una organización de miles de personas».

«Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente», insistió el expresidente de la entidad en relación a «una práctica ejercitada por el anterior presidente (Jaime Terceiro) a partir de 1988, y cuando yo me incorporé en 1994 no la modifiqué». «No me puse a revisar acto a acto dentro de la caja si todo estaba respaldado por acuerdos» porque cuando uno se incorpora a una entidad «tricentenaria» así, «lo hace con un principio de confianza» aunque «jamás hubo objeción alguna a la política retributiva de Caja Madrid» durante su mandato.

De hecho, si bien Blesa no se atrevió a decir que en la época de Terceiro «todo el mundo tuviera tarjeta de uso retributivo», sí aseguró que existían y que fue su antecesor quien puso un límite «que nunca amplió» porque no era necesario, «nunca se superaba», pero esa cuantía «no se ajusta a la realidad».

Los incrementos de límite de gasto se fueron produciendo porque «la caja no era la misma que en 1988; en 2009 tenía 200.000 millones de euros, había doblado su balance en tres años y se estaban acompasando las retribuciones según la implicación» de cada uno.

Asimismo, aseguró que las tarjetas «claro que se veían», y añadió que si la auditoría encargada a Bankia tenía dudas acerca de su naturaleza, «podía haber ido al plan contable de la caja», por lo que calificó las acusaciones que pesan sobre él de «muy graves».

Según ha explicado, los auditores «lo conocían todo perfectamente, cuál era el tratamiento fiscal, todos los conceptos, todo, pero luego lo omiten en el informe que se envió al FROB y que sirvió de base para la acusació». Además subrayó que los propios informes de gobierno corporativo que Caja Madrid remitía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluían de forma agregada los gastos de las tarjetas dentro de la partida de retribuciones. Por otra parte, Blesa señaló que «todo el mundo estaba en la creencia» de que los gastos que cargaron los exaltos cargos y directivos de la caja con sus tarjetas «black» se incluían en el certificado de haberes de la entidad, es decir, que la caja los declaraba a la Hacienda Pública.