No recibirá la subvención pero tampoco deberá responder ante los tribunales porque no se ha llegado a producir ningún ilícito. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) no ve motivos para denunciar ante la Fiscalía a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) por las supuestas irregularidades detectadas en su solicitud de subvenciones para cursos de formación de este año, ya que dichas ayudas no se le han llegado a conceder. Es decir, que no se le ha pagado ningún dinero.
Como ayer publicó este diario, el organismo público considera que Fempa «falseó las condiciones para la baremación» incluidas en la convocatoria, la primera de formación ocupacional que se realiza en libre concurrencia. En concreto, uno de los criterios que permitían elevar la puntuación era tener en plantilla personas discapacitadas, en riesgo de exclusión social o mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, el Servef detectó que cuatro de las cinco personas acreditadas para cumplir este requisito fueron dadas de alta el día anterior de presentar la solicitud y causaron baja sólo dos días después, lo que les hizo sospechar y consultar a la Abogacía de la Generalitat, que aconsejó el rechazo de la petición de ayudas.
Medida preventiva
De esta forma, de acuerdo con las fuentes del servicio autonómico de empleo consultadas, lo que se ha hecho es una denegación de las subvenciones «de forma preventiva», al considerar que no ha cumplido con las condiciones exigidas en la tramitación. Si se hubieran llegado a conceder las ayudas «sí se hubiera cometido un fraude de ley», según afirman desde el citado organismo. Lo más llamativo del tema, es que el requisito de la contratación de discapacitados tan solo servía para aumentar la puntuación pero no era indispensable para obtener los fondos. En otras palabras, que si Fempa no hubiera cometido estas supuestas irregularidades, habría recibido las subvenciones con toda seguridad, ya que tenía puntuación de sobra.
Del mismo modo, la Generalitat tampoco se plantea la posibilidad de revisar las subvenciones concedidas con anterioridad a la Federación del Metal ya que estima que no existen indicios de irregularidades en los expedientes de otros años que, además, seguían otra metodología distinta a la actual.
Indefensa
Por su parte, desde Fempa aseguraron ayer sentirse en la «absoluta indefensión» ya que no han recibido «ninguna comunicación oficial» en la que se les explique la denegación de las ayudas, y la única constancia que tienen es su supresión del listado de beneficiarios que el Servef tiene en su web. En cualquier caso, desde la patronal alicantina del metal rechazaron tajantemente las acusaciones, que vienen a considerar un castigo por su «independencia» dentro del mundo empresarial.
En cuanto a la supuesta utilización de discapacitados para mejorar la puntuación obtenida en la convocatoria, Fempa recalca que habría obtenido las ayudas sin necesidad de cumplir con este requisito que, de hecho, es la primera vez que se incluía en las bases. Al respecto, desde la organización explican que la convocatoria no especificaba ninguna duración para los contratos de estas personas, por lo que incluso realizaron una consulta previa a la Conselleria que, según su relato, les señaló que no había ningún tipo de limitación.
La patronal aclara, además, que suele realizar este tipo de contrataciones de corta duración a lo largo de todo el año para tareas puntuales -como ensobrados, reorganización de almacenes o montajes para eventos- y que, fruto de los distintos convenios que mantiene con ONG como Cáritas, Casa Oberta o Upapsa, suele ofrecerlos a trabajadores discapacitados o con problemas como una forma de integración laboral. Del mismo modo, recuerda que la contratación por días es una modalidad «perfectamente legal» y se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas.
En este sentido, una vez que reciba notificación oficial, Fempa tendrá derecho a un presentar alegaciones y, si no son aceptadas, aún le queda la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.
