El presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, está dispuesto a seguir hasta el final la hoja de ruta que se marcó al acceder al cargo y, a pesar de sus escasas posibilidades de éxito, ayer presentó en el juzgado la propuesta de convenio y el plan de viabilidad con el que pretende sacar a la patronal del concurso de acreedores. Una propuesta que depende de que la autonómica Cierval acepte perdonar hasta el 95% de las cuotas que ahora mismo le debe la organización alicantina, pero también de que el juez dé por satisfecha la hipoteca del centro de oficios con la entrega del edificio al Instituto Valenciano de Finanzas, y de que no prospere ni la denuncia ni el expediente de reintegro que le ha abierto el Servef.
El propio Gómez, en una comparecencia pública en la que le acompañaron el tesorero de la organización, Antonio Galvañ, y el secretario general de la misma, José Ramón Lillo, pero ningún otro miembro del comité o la junta directiva, reconoció que está «luchando contra los elementos» pero recalcó su «compromiso» de llevar el proceso hasta el final. «El 11 de noviembre veremos qué deciden los acreedores y será el juez el que dictamine si esto tiene viabilidad o nos vamos a liquidación y Alicante se queda sin representación empresarial», señaló, sobre el futuro de la patronal.
Fue Antonio Galvañ quien se encargó de desgranar las propuestas y los datos económicos. Por un lado, Coepa prevé que el juez acepte cancelar los 3,2 millones de la hipoteca del centro de oficios a través de la entrega del inmueble al IVF puesto que la tasación del edificio -«y que nadie ha discutido en el proceso», señaló Galvañ- es superior a esa cantidad. El segundo paso sería aplicar la quita del 95% a la deuda ordinaria y la subordinada -básicamente, la deuda con Cierval y con el bufete de abogados que lleva los asuntos de la patronal-, de forma que ésta se reduciría de 771.000 a 38.556 euros. Esta cantidad más los cerca de 960.000 euros que debe al Fogasa y a los trabajadores, sobre los que no se pueden aplicar ninguna rebaja, formarían el alrededor de un millón de euros de deuda con que se quedaría Coepa y que considera una cifra manejable.
Para satisfacerla, la patronal plantea un plan de pagos a ocho años, al que haría frente con una «actualización» de las cuotas de los asociados, la captación de nuevos miembros, la explotación de sus instalaciones o la consecución de patrocinios. Además, como recordó el tesorero, la aprobación del convenio supondría que Coepa podría volver a recibir las subvenciones de la Ley de Participación Institucional. En total, los empresarios confían en generar unos ingresos de alrededor de 440.000 euros anuales frente a unos gastos de estructura de 246.000, lo que dejaría el remante necesario para pagar la deuda.
Presión sobre Cierval
Francisco Gómez no dejó escapar la ocasión para presionar a Cierval con el objetivo de que acepte su propuesta y recordó que la autonómica se encuentra en pleno proceso para reformar sus estatutos, para lo que necesita los votos de los empresarios alicantinos. Así, señaló que «Alicante es la primera patronal de la Comunidad que ha hecho sus deberes», al reducir su estructura al mínimo e instó al resto a seguir su ejemplo. También recordó que los mayores beneficiarios de la supervivencia de la patronal serían los 19 trabajadores afectados por el último ERE de la organización, que podrían cobrar sus indemnizaciones. También recomendó al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, «que se informe mejor» antes de solicitar que la patronal se disuelva para dar paso a una nueva organización.
Si el 11 de noviembre se acepta el convenio, Gómez convocará una asamblea electoral para elegir a una nueva directiva y un nuevo presidente.
