Más de 25,6 millones de euros le acaba de ahorrar la Audiencia Nacional a la Fundación CAM. En un auto contra el que no cabe recurso la sección tercera de la sala de lo Penal ha librado a la heredera de la Obra Social de la caja de hacer frente a esta cantidad, que se le reclamaba solidariamente junto al Banco Sabadell en concepto de fianza como responsable civil subsidiario en el proceso abierto a la cúpula de entidad por el supuesto falseo de la cuentas. La sala ha resuelto eximir a la Fundación del pago del aval al haberlo abonado ya en su totalidad el banco catalán.
Éste era precisamente el argumento que esgrimía la Fundación en el recurso que ahora se ha estimado y que presentó contra la providencia de la instructora, la magistrada Carmen Lamela, en la que le reclamaba que presentara un listado de sus bienes para hacer frente al aval. Si el Sabadell ya había abonado los 25.632.503 euros que se le exigía a ambas entidades con carácter solidario no se le podía reclamar también a la Fundación que hiciera frente a ese aval.
De mismo modo lo ha entendido el tribunal de la sección tercera que, en contra de criterio del fiscal, entiende que «si un deudor solidario ha afianzado el total de la cantidad reclamaba (...) el afianzamiento ha cumplido su función y no puede ser obligado el otro responsable con carácter de solidaridad a afianzar de nuevo por la misma cantidad».
La fianza se exige para hacer frente al posible quebranto que hubieran podido causar los ocho exresponsables de la caja encausados en la denominada pieza principal de las abiertas por la gestión de la CAM. Un procedimiento en el que están acusados el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectores Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. Se juzga el presunto falseo de las cuentas y la asignación para el cuadro directivo de remuneraciones a las que supuestamente no tenían derecho.
La instructora (que tuvo que rebajar a 25,6 millones los 1.600 millones que por un «error material» había acordado en un principio) estableció que hicieran frente a esta cantidad los acusados de forma solidaria considerando responsable civil directo a la aseguradora Caser (con la que la CAM tenía contratada una póliza cuya cobertura sólo cubre hasta 15 millones) y responsables civiles subsidiarios, también con carácter solidario, a la Fundación CAM y al Sabadell. Las únicas partes que solicitan la responsabilidad subsidiaria de ambas entidades son Bon Llar S. L. (una asociación de cuotapartícipes) y Diego de Ramón (que representa a cerca de un millar de afectados por la compra de estos productos) quienes reclaman respectivamente 62.545 y 19 .161.832 euros. La cifra final se obtiene de sumar ambas reclamaciones más el incremento de un tercio, tal y como viene dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
